- Los programas alimentarios no se suspenderán, debido a que benefician a niñas y niños de educación básica, menores de 5 años provenientes de familias de escasos recursos y a personas vulnerables.
- El DIF estatal trabaja con diversos esquemas de blindaje para evitar que los alimentos sean utilizados con fines distintos a los programas.
San Luis Potosí SLP.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), dio a conocer que sus programas de desayunos escolares fríos y calientes, asistencia alimentaria en los primeros 1000 días de vida y a personas de atención prioritaria, continuarán permanentemente bajo un esquema de blindaje electoral, debido a que con ello se garantiza el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, reconocido en el artículo cuarto constitucional.
La dependencia explicó que, con motivo de la pandemia, estos programas se reestructuraron por instrucciones del DIF nacional, por lo que su entrega se realiza directamente en los domicilios de las y los beneficiaros, por el cierre de los centros escolares, beneficiando a niñas y niños de educación básica, menores de 5 años provenientes de familias de escasos recursos y a personas vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, jefas de familia y familias con carencia alimentaria.
El DIF Estatal detalló que, durante la entrega bimestral de 6 mil 700 paquetes del programa de desayunos escolares calientes en el municipio de Aquismón, mismos que eran trasladados en 2 tráileres para que fueran recibidos por las familias de 3 mil 350 niñas y niños, y tras haberse descargado 718 paquetes de unos de ellos, llegó un grupo de personas manifestándose para impedir que se descargaran los insumos. En tanto, el segundo tráiler fue detenido con vehículos atravesados en la vialidad y tras romper los candados de la caja, se llevaron los paquetes, hechos que fueron denunciados al Ministerio Público el pasado 8 de abril, para dar con las o los responsables.
Cabe señalar que, la Ley Federal Electoral vigente, así como el Código Penal Federal y la Ley Federal y Estatal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, señalan como delito el uso indebido de los programas sociales; prohibiendo acciones proselitistas, y la promoción de candidatas y candidatos, así como los servidores públicos adscritos a los DIF´s Municipales.
Se hace un llamado a los 58 DIF´s Municipales, para que se resguarden los programas alimentarios, haciéndose acompañar por sus órganos internos de control, así como de agentes de la Policía Municipal, ya que es de vital importancia porque es un derecho humano como lo marca la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
La dependencia informó que todo esto se sustenta en el documento Consulta en Materia de Blindaje Electoral Para la Operación de los Programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 2021, proporcionado por el Sistema Nacional DIF, y que hace referencia a la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG695/2020, mismo que: “tiene por objetivo garantizar el uso adecuado de los programas sociales, evitando la violación a los principios de equidad e imparcialidad durante el proceso electoral”.
Asimismo, la jurisprudencia 19/2019, aprobada por unanimidad por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, va en el sentido de que los programas sociales no tienen que suspenderse, salvo lo dispuesto en contrario en otras normas.
Estos apoyos alimentarios tienen como objetivo el garantizar el derecho humano a la alimentación de grupos vulnerables, dados los resolutivos legales que permiten dar continuidad a programas sociales y no son utilizados con fines político-electorales, por lo que se mantienen durante la veda electoral, ya que son esenciales para la población vulnerable, y las niñas y niños en edad escolar, asegurando el ejercicio del Derecho Constitucional a la Alimentación.
