Con esta modificación, se abre la posibilidad de participación de asociaciones público privadas, mediante acuerdos y convenios específicos, ya sea con actores del sector público o privado, en atención a que la existencia de redes de conexión posibilitaría diversas formas de ofrecer conectividad en sitios públicos, que no necesariamente deba depender de grandes erogaciones.
La iniciativa privada se considera que una estrategia para aumentar la cobertura de conectividad es evitar las redes dobles, y buscar formas de aprovechar la infraestructura ya instalada; estos convenios deberán apegarse a las normativas aplicables para que los municipios puedan generar esquemas para la instalación de infraestructura que permita brindar el servicio de conexión a internet en las plazas públicas.
Se acordó que posteriormente se trabajará en adecuaciones en el mismo sentido a la Ley Orgánica del Municipio Libre, con el objetivo de que los ayuntamientos destinen recursos en sus presupuestos anuales, para otorgar este servicio y que sea de beneficio para la ciudadanía.
En el análisis de la propuesta, se indicó que esta reforma, permitirá sentar las bases para que los ayuntamientos puedan cumplir con lo establecido en el artículo 6 constitucional, que establece el acceso al internet como parte de los derechos de los mexicanos, el cual establece que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”.
El dictamen respectivo será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su votación.
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