San Luis Potosí SLP.- En los ejercicios fiscales de 2018-2019 se detectan incrementos a los pasivos gubernamentales por más de mil doscientos millones de pesos, esto obedeció a que no revisaron correctamente las cuentas públicas de un total de 102 entes fiscalizables, según denunció Juan José Frías Aguilera, integrante de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, A.C.
Se detectaron sendas irregularidades en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado -durante el período de Mónica Liliana Rangel Martínez-, en dos Fondos de Fortalecimiento Financiero Estatal, en organismos autónomos como la Fiscalía General del Estado, FGE, el Interapas, el municipio de Tamazunchale, el Poder Judicial, entre otros.
Con las inconsistencias detectadas se agrede a leyes como la de Disciplina Financiera, de Contabilidad Gubernamental, de Presupuesto y la de Responsabilidad Hacendaria.
“Tal y como lo apuntó el diputado Edgardo Hernández Contreras, el próximo Gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona, deberá de realizar una ardua auditoría a todas las Secretarias de Estado, a fin de detectar el desvío de recursos públicos que se ha gestado ante la apatía y complicidad de la Auditoria Superior del Estado, ASE, encabezada por Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, por el coordinador de Auditorias Especiales, Fernando Díaz Jiménez, y por la contralora interna, Rosalba Salazar Miranda, mismos que en complicidad con la presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, María del Rosario Sánchez Olivares, en todo momento han sido serviles e incondicionales al titular del ejecutivo estatal y por eso, hoy se detecta este déficit de mil 200 millones de pesos”.
Este tema, no es un asunto nuevo, pues se viene arrastrando una serie de encubrimientos desde el anterior titular de la ASE, José de Jesús Martínez Loredo, y lo comprueba el rezago de más de dos mil 400 expedientes sin atender, a pesar de tener una plantilla abultada de casi 400 empleados; no en vano, hoy existe en el caso de la Secretaria de Salud, una fuerte denuncia de medicamentos apócrifos y del resguardo de toneladas de medicamentos en bodegas. Tan sólo en esa dependencia, desde el 2016 se vienen desarrollando varios saqueos.
Por las evidencias que existen, hay causales suficientes para que el próximo gobierno del Estado, lleve a cabo una investigación profunda y corrobore la inoperancia de la ASE, que incluso pueden recaer en la destitución inmediata de los altos mandos, conforme lo señala la Constitución del Estado, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley de Responsabilidades, entre otras.
