Y precisó que, por el contrario, tal instancia: “Ratificó la resolución del CEEPAC que ya antes había declarado inexistentes los actos anticipados de precampaña y campaña, así como la promoción personalizada que de manera tendenciosa se le quiso achacar”.
Segura Morquecho recordó que, en efecto, durante julio y agosto de 2016, el PAN, un grupo de ciudadanos y el CEEPAC –este de manera oficiosa–, formularon denuncias en contra de Gallardo Juárez y diversos servidores públicos.
De manera errónea se dijo entonces que Gallardo había incurrido en actos anticipados de precampaña por la utilización del término “gallardía”, así como otros temas, dando así origen al expediente PSO-08/2016 y sus acumulados PSO-09/2016 y PSO-10/2016.
El dirigente perredista agregó: “Nosotros seguimos el asunto por sus cauces legales, y el 16 de marzo de 2018, CEEPAC resolvió el asunto declarando “infundado” el procedimiento sancionador ordinario”. O sea, puntualizó: “No se actualizaron los actos anticipados de precampaña, actos anticipados de campaña, ni tampoco la promoción personalizada, y consecuentemente ninguna sanción se impuso”.
Comentó también que esa determinación electoral fue impugnada, conociendo de la misma el Tribunal Federal en la señalada Sala Monterrey, a través de los expedientes acumulados SM-JE-19/2018 y SM-JRC-37/2018, resolviéndolos el 11 de mayo de 2018, y determinando en su Resolutivo Quinto confirmar en sus términos la resolución del CEEPAC.
Y, además: “Ordenó archivar el caso como asunto concluido, tal y como consta en los documentos del caso, para quien desee revisarlos”.
Lo anterior –remarcó Segura– solo significa que no hubo ninguna transgresión a la norma electoral por parte de Gallardo Juárez, pues así fue fallado en firme por la autoridad jurisdiccional, siendo falsa e inexistente la imposición de sanción alguna.
Por último, también indicó el líder perredista que en la propia resolución de CEEPAC que fue confirmada por el TRIFE Sala Monterrey, se ordenó dar vista al Cabildo del Ayuntamiento de la Capital, así como a la Contraloría Interna Municipal.
Y que tal “vista” o copia del documento a estas instancias fue para que tales autoridades, en el ámbito de su competencia, investiguen probables faltas administrativas, “sin que ello implique o prejuzgue de una responsabilidad por parte de Gallardo Juárez, amén de que si así sucediera éste tendrá todo el derecho de plantear una defensa”, finalizó.
