El abogado Juan José Frías Aguilera, integrante de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, A.C., ofreció detalles sobre la detección de varias irregularidades que pueden caer en delitos, mismos que no han sido observados ni señalados por las autoridades fiscalizadoras, como la Auditoria Superior del Estado, ASE, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía Anticorrupcion.
“No cabe duda que en este caso, siguen solapando la impunidad, pues ahora nos encontramos con que el Director General del Interapas, hasta la promueve, al expedir un nombramiento ilegal al encargado de la Dirección de Administración y Finanzas de dicho organismo, Ramón Farías Ortega, quien no cuenta con título, ni cédula profesional, que le permita ocupar dicho puesto; aunado a que el puesto de encargado no existe, ni en la ley, organigrama o el manual de operación”.
Con estos datos, se observa claramente que existe el delito de corrupción, contemplado en la legislación penal del Estado.
Adicionalmente, denunció que se permite a María Isabel Cantú Sánchez, quien es Subdirectora de Contabilidad, de la misma área de Administración y Finanzas -subordinada de Ramón Farías-, que ante un total obscurantismo de la ley, cometa el delito de usurpación de funciones, al firmar documentos oficiales, tales como los informes financieros que dicha área debe rendir al Director del Interapas, a la junta de gobierno, así como a las autoridad Fiscal, la ASE, hecho que de acuerdo a la norma legal no le corresponde y más aun, no es delegable, porque se trata de una función única y exclusiva del director del área, quien en términos de Ley, es el inmediato responsable.
Por lo anterior, se ha formalizado mediante una denuncia ciudadana ante las propias instancias internas del organismo, Contralor Interno de la Junta de Gobierno, a cargo de Gustavo Rodríguez Ortiz, y el Contralor Interno de la unidad, Joaquín Alonso de Villa, a fin de que inicien los procedimientos administrativos correspondientes, así como las denuncias ante las instancias competentes.
“Lo hacemos con la intención de que se deslinden las responsabilidades y se apliquen las sanciones de Ley, por los delitos cometidos y cobro de lo indebido, exigiéndose la devolución y el resarcimiento de los emolumentos mensuales, ordinarios y extraordinarios recibidos por los pseudo servidores públicos denunciados. No cabe duda que los funcionarios responsables de las contralorías internas del organismo, han sido omisos, y la ASE, ha solapado estas anomalías, siendo cómplices por encubrimiento, ya que no existe justificación alguna de que puedan argumentar que no estaban enterados, cuando esto, es un secreto a voces, al igual como en muchas otras dependencias, con esto sigue quedando de manifiesto una vez más, que la Corrupción y la impunidad se gesta en el órgano fiscalizador”.
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