Expuso que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes en situación irregular, así como la crisis de violencia que azota al país en los últimos años han traído como consecuencia un ambiente social poco favorable para la seguridad de las y los migrantes que transitan en México.
Dijo que uno de los principales problemas por los que se genera violencia en contra de la población migrante, deriva de la rentabilidad que genera la migración, el tránsito por México de migrantes indocumentados, se ha convertido paulatinamente en un negocio de grandes proporciones.
El diputado Torres García, advierte en su iniciativa que el delito más recurrente que sufren las personas migrantes es el robo, al cual le siguen el tráfico ilícito de personas y el secuestro. “Esto da una muestra clara de la necesidad de protección que enfrentan las personas migrantes que transitan por nuestro país”.
Indició que según datos de la Fiscalía General del Estado, al mes agosto de este año, existen 7 carpetas de investigación por diversos delitos cometidos contra migrantes en el Estado, entre los que destacan: amenazas, robo, lesiones, sin contar el lamentable hecho suscitado en el municipio de Matehuala.
Por lo anterior, sostuvo que resulta trascendental armonizar el marco normativo legal; para que la Fiscalía General del Estado como integrante del Consejo Estatal de Migración, en el ámbito de sus atribuciones, realice los mecanismos jurídicos necesarios para lograr una eficaz persecución de los delitos en contra de migrantes.
La iniciativa de reforma al artículo 31 en sus fracciones, V, y VI; y adiciona al mismo artículo 31 la fracción VII de la Ley de Atención y Apoyo a Migrantes del Estado de San Luis Potosí, fue turnada para su estudio y análisis en la Comisión de Puntos Constitucionales.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.
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