Consideró que, sin duda alguna los estragos económicos se empiezan a sentir en diversos sectores y es el momento en que el sector educativo lo comienza a resentir, dado que, por las condiciones derivadas de la pandemia por el COVID-19, se ha detectado mucha migración de estudiantes del sistema educativo privado al sistema público.
“La contingencia sanitaria no sólo puso a prueba los sistemas de salud y económicos de las naciones, ahora está a prueba la capacidad instalada del sistema educativo.”
La legisladora refirió que, el artículo tercero constitucional establece el derecho de los mexicanos a recibir educación; en consecuencia, nace la obligación del Estado de brindar dicho servicio.
Por lo que no se puede permitir que ningún niño o joven quede sin acceso a la educación, por lo que las escuelas públicas y los docentes deberán alistarse para recibir más estudiantes que requieran el servicio.
Manifestó que confía en que los docentes como siempre estarán listos para dar lo mejor de sí para garantizar el derecho a la educación”.
Por último, Barajas García hizo un exhorto para que en el próximo presupuesto en caso de considerar recortes presupuestales por la caída en la recaudación de recursos por parte del Estado, que estos no se den en el sector educativo y de salud, ya que ello podría comprometer estos dos derechos constitucionales fundamentales para toda la población.