La reciente propuesta del alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, para designar a Jorge Daniel Hernández Delgadillo como director del organismo operador de agua potable, alcantarillado y drenaje, Interapas, ha desatado una ola de controversia. Críticos señalan que Hernández Delgadillo carece del perfil necesario para asumir este cargo clave, además de tener un historial polémico en la administración pública.
Hernández Delgadillo, quien ocupó el cargo de secretario de gobierno en el Ayuntamiento durante la gestión de Galindo, es recordado por su vinculación con el trágico incidente en el bar Rich, donde dos jóvenes perdieron la vida y más de diez resultaron heridos al caer de un balcón que cedió debido al sobrecupo. Bajo su supervisión, las autoridades municipales fueron acusadas de otorgar permisos irregulares al establecimiento y de no realizar las inspecciones de seguridad necesarias, lo que reveló posibles actos de corrupción.
El conflicto de intereses se intensificó cuando, aún como secretario del Ayuntamiento, Hernández utilizó su despacho para representar a las víctimas en demandas contra el mismo gobierno municipal, lo que suscitó serias dudas sobre su ética profesional y responsabilidad en el caso.
Si se concreta el nombramiento de Hernández Delgadillo, hay temores de que Interapas continúe operando como una “caja chica” para el alcalde Galindo. Diversos actores han expresado que el exsecretario no tiene un plan claro para mejorar la gestión del agua, y advierten que su papel podría limitarse a ser un simple recaudador de recursos para fines políticos, en lugar de abordar los problemas de abastecimiento, infraestructura y calidad del agua que aquejan a la población.
Esta propuesta plantea serias interrogantes sobre la intención de la administración de Galindo de implementar una gestión transparente y eficiente en Interapas. Los críticos cuestionan si realmente existe un compromiso genuino para mejorar los servicios que ofrece el organismo, o si se trata simplemente de un movimiento para mantener el control de los recursos en manos de allegados al alcalde.
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