Carlos A. Castillo Rodríguez, presidente de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental de esta organización, solicitó la remoción de esta funcionaria porque incumplió las disposiciones legales y normativas aplicables a los entes auditables. Trasgredió la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí.
“Es nuestra responsabilidad social, salir a emitir nuestro dictamen técnico sobre los informes que dio la ASE por el ejercicio 2020. Nosotros iniciamos un trabajo de análisis técnico, estudiando las cuentas públicas de 18 entes fiscalizables y obtuvimos pruebas de contadas irregularidades, lo primero que hay que señalar es que la mayoría de ellas no fueron revisadas, ni observadas por la ASE, y tampoco fueron señaladas por la propia titular en su informe final”.
Entre las inconsistencias halladas se destaca que no se transparenta la información en las plataformas digitales, a pesar de que así lo exige la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no observó que el incremento de pasivos causa desvío de recursos y daño patrimonial, el incremento del gasto de nómina en más de 3 por ciento, la depreciación y amortización de bienes inmuebles, cuentas de orden, entradas y salidas de almacenes, no hay control del número de contribuyentes en el predial y agua.
Además no se elaboraron inventarios de bienes, no se contabilizaron pasivos contingentes por despidos y demandas administrativas, tampoco los saldos que presentan en el estado de situación financiera, dejó pasar el balance presupuestal negativo como una observación administrativa, no hay un control de construcciones en proceso, incumplió con los reglamentos, manuales de organización y de procedimientos.
“Dejó que sus auditores trabajarán de forma discrecional y sin un procedimiento unificado en los procesos de fiscalización, solventó que se le borrara al Director Administrativo de Interapas más de un millón de pesos, por un Manual de Organización y Procedimientos que no se encuentra publicado en el Periódico Oficial del Estado y tardó más de 11 años en sancionar a los entes”.
