En su iniciativa, la legisladora establece que se requiere otorgar a los familiares de las víctimas de violencia feminicida, la garantía de asesoría jurídica de calidad por parte del Estado, y ser informados sobre sus derechos y el estado procesal que guarda la investigación, ya que en este punto, los familiares nunca tienen esto claro.
Señala que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI) puntualizó que en 2018 se registró la cifra más alta de defunciones por homicidio de mujeres en los últimos 29 años, contabilizando 10 muertes de mujeres diariamente por agresiones intencionales.
Agrega que ante la desaparición de mujeres y los feminicidios, se hace necesario apoyar a los familiares de las víctimas quienes son los que sufren por el desconocimiento de los avances en las investigaciones, y sufren atropellos de las autoridades, sin recibir respuestas, o esclarecimiento real de los hechos, “es decir, no solo pierden a su familiar de una forma violenta, sino también se enfrentan a la indolencia de las autoridades que poco se esfuerzan por resolver estos hechos”.
Además, se establece otorgar a los familiares de las víctimas de violencia feminicida, atención médica y psicológica, gratuita y expedita, por parte de las autoridades estatales y municipales que corresponda.
La iniciativa se encuentra en análisis en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género.
