-El servicio de comida se convirtió en un negocio de concesionario y exfuncionarios
-Se comprometió a mejorar instalaciones y gestionar liberaciones que se justifiquen; empleos y comercialización de productos
-Fue acompañado por el Secretario del Trabajo y el Director del Instituto Potosino del Deporte
San Luis Potosí SLP.- Como parte de sus primeros 100 días de gobierno, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona hizo este martes lo que jamás hicieron sus antecesores, visitar las instalaciones del Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO), en la Delegación de La Pila, y advirtió diversas irregularidades como en el servicio de comida que podría implicar un desfalco de 70 millones de pesos, otro caso más de la “herencia maldita”.
En su recorrido por el centro de reclusión pudo constatar las deficientes condiciones en que se encuentra, y hubo mucho abandono e indolencia del anterior gobierno, y recogió testimonios del personal de custodia y de los hombres y mujeres privados de su libertad.
El servicio de comida en el Penal se convirtió en un negocio mediante el cual se habría cometido una desviación de unos 70 millones de pesos en colusión entre 
la empresa concesionaria y las autoridades carcelarias del sexenio que concluyó; la comida es de muy baja calidad, los insumos no reúnen los requisitos mínimos de calidad y están en su mayoría a punto de la descomposición, los cuales eran adquiridos a muy bajo costo y se reportaban con un sobreprecio, además de que el consumo de gas y otros servicios eran cubiertos con recursos públicos cuando le correspondía pagarlos al concesionario.
El Gobernador Ricardo Gallardo llegó acompañado de una pequeña comitiva, integrada por los encargados de áreas 
fundamentales del Sistema de Justicia Penitenciario, secretarios de su gabinete y el encargado de despacho del CERESO, inició su recorrido en cada una de las secciones y constató diversas irregularidades, condiciones precarias y otras anomalías administrativas y físicas.
Estuvo en el área de personas privadas de su libertad que tienen algún padecimiento mental, el taller de carpintería, donde los reos laboran y producen diversos productos; el área de cocina; el 
almacén de insumos alimentarios y el almacén de materias primas.
Después, se trasladó a las secciones de hombres y mujeres, se le expusieron diversas anomalías en sus procesos de sentencia y que han causado la violación a sus derechos humanos, jurídicos y procesales.
El mandatario estatal instruyó al personal encargado de los 
penales a crear una brigada jurídica con la que iniciarán un análisis a profundidad sobre el estatus procesal de los que consideran que se han cometido injusticias en su contra que les impiden obtener su libertad.
De viva voz mujeres y hombres le expusieron sus casos y el gobernador Gallardo les hizo patente su apoyo y compromiso de ayudarlos, de que personal calificado revisará con detalle los procesos 
para determinar lo que proceda.
Una de las primeras acciones a emprender por el gobernador, será reunirse con la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrada Olga Regina García López, para solicitar la colaboración en el avance y revisión en la determinación de sentencias.
Más adelante, el titular del Ejecutivo en el Estado, acordó con el Director del Instituto Potosino del Deporte (INPODE), quien participó en el recorrido, Edmundo Ríos Medrano Jáuregui, a impulsar la sana convivencia, instalaciones deportivas dignas, atraer pláticas formativas y de recreación, y realizar torneos de fútbol y básquetbol todos los días como parte de la readaptación social.
Al Secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Néstor Garza Álvarez, le urgió promover la generación de empleos y la comercialización de los productos elaborados por los reos, además de anunciar la creación de un taller para fabricación de mochilas, que serán parte de los programas sociales que integran el Plan de 100 Días.
Por más de dos horas, el gobernador potosino conoció de cerca cada pasillo del Penal de La Pila, dando indicaciones para llevar a cabo mejoras inmediatas y fortalecer esquemas de garantía a los derechos humanos y jurídicos de todos los inculpados.
