San Luis Potosí SLP.- La Iniciativa Privada en San Luis Potosí exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar con celeridad y contundencia frente a las evidencias de presuntos delitos fiscales cometidos por el empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya, quien, según una investigación del diario Reforma, habría operado una red de factureras para obtener contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Luis Gerardo Ortuño, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado, instó a las autoridades a no permanecer inmóviles ante el escándalo que ha generado revuelo nacional. “Lo que pedimos es que se vea la mano de las autoridades, sobre todo de las correspondientes, y que no se queden calladas o cruzadas de brazos”, señaló.
Ortuño enfatizó que, si existen pruebas que acrediten delitos fiscales, es imperativo que la FGR actúe en consecuencia y castigue a los responsables. Asimismo, criticó la falta de control y supervisión en Pemex, lo que habría permitido que empresarios como Sánchez Zumaya operaran estas redes ilícitas con impunidad.
Críticas al Presupuesto 2025
Además de señalar la inacción frente a estos delitos, el líder empresarial aprovechó para cuestionar los recortes propuestos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ortuño calificó como alarmantes las reducciones en áreas clave como Salud, Universidades y Medio Ambiente, lo que podría agravar problemas estructurales en el país.
“La situación ya es crítica en sectores como la salud pública, y estos recortes solo reflejan una falta de sensibilidad y visión a largo plazo”, expresó.
El caso de Sánchez Zumaya y las decisiones presupuestales del nuevo gobierno federal representan, según Ortuño, un golpe a la confianza del sector empresarial, que exige claridad, justicia y responsabilidad en la gestión pública.
