Enrique Galindo, el “Alcalde Vagabundo” no atiende queja por basurero en Dalias del Llano

San Luis Potosí SLP.- Vecinos de la colonia Dalias del Llano, en un acto desesperado por la falta de atención de las autoridades locales, han alzado su voz en contra de un basurero clandestino que opera en una vivienda ubicada en la calle Proción. A pesar de las numerosas denuncias presentadas, el alcalde capitalino, Enrique Galindo, ha ignorado por completo las peticiones de los residentes, poniendo en riesgo la integridad y la salud de cientos de familias.

Resulta evidente que el uso de una vivienda como basurero es ilegal, ya que genera una importante contaminación ambiental. En este lugar, se queman constantemente diversos tipos de desechos sin ningún tipo de control, lo que podría implicar la acumulación e incineración de residuos tóxicos. Las columnas de humo y el aire denso e irrespirable afectan gravemente a las viviendas vecinas, sin que la oficina municipal de Ecología tome medidas para abordar este grave problema ambiental.

Además de la contaminación, la vivienda en cuestión también alberga un criadero de perros que no cumple con las condiciones sanitarias básicas. Esto se ha convertido en un foco de infecciones y en un refugio para jóvenes desorientados. Como resultado, la convivencia social y la salud de los habitantes de esta colonia se han deteriorado considerablemente debido a la tolerancia de las autoridades municipales ante estas violaciones flagrantes al marco legal en materia ecológica y de salud pública.

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Los residentes de la colonia Dalias del Llano claman por una pronta intervención del alcalde Enrique Galindo y exigen una solución inmediata a esta problemática. Además, instan a la oficina municipal de Ecología a tomar medidas concretas para frenar la contaminación y garantizar la salud y el bienestar de todos los habitantes de la zona. La falta de acción por parte de las autoridades municipales ha generado una profunda preocupación y descontento en la comunidad, que espera una pronta respuesta a sus legítimas demandas de seguridad y calidad de vida.

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