Las situaciones de riesgo o vulnerabilidad son cuando por problemas de salud, abandono carencias de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales o desastres naturales, requieran de asistencia y protección del Gobierno del Estado, de los gobiernos municipales y de la sociedad civil organizada.
Dijo en la exposición de motivos que “en nuestro Estado, a partir del reconocimiento de las garantías individuales plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las disposiciones legales enmarcadas en la particular del Estado, como lo establece el articulo 12 sobre la protección a las personas mayoras, se hizo necesario la creación del marco jurídico que siente las bases para la regulación de la atención a las mismas”.
La diputada Carmona Salas añadió que en la iniciativa se define el concepto de subsidios, como los recursos públicos que se asignan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general, para apoyar a organismos o instituciones no gubernamentales; proporcionar servicios básicos; promover la cultura; la investigación; fomentar la producción, la inversión, la innovación tecnológica; la generación de empleos o el uso de una nueva maquinaria; compensar costos de producción, de distribución u otros, siempre y cuando su finalidad básica consista en el combate a la pobreza extrema; la atención a zonas marginadas y grupos vulnerables; el rescate de sectores productivos, o la seguridad pública de los habitantes del Estado.
El trabajo protegido es aquél que realizan las personas adultas mayores bajo condiciones especiales, que se presentan por limitaciones relativas a la edad o por discapacidad.
La violencia es el acto abusivo de poder u omisión intencional, realizado por alguna persona física o moral, hacia una persona adulta mayor, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial y económica, y que puede presentarse en diversas formas, también definidas en la ley.
