Diversos documentos obtenidos por este medio y en manos de los diputados locales del Congreso de San Luis Potosí revelan que el gobierno municipal encabezado por Enrique Francisco Galindo Ceballos estaría involucrado en una serie de irregularidades que superan los 200 millones de pesos. Estas anomalías fueron detectadas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), luego de una investigación liderada por su titular, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, quien hace unos días denunció que un ayuntamiento de la región Centro utilizó empresas factureras para desviar recursos públicos.
Entre las principales irregularidades detectadas destacan el arrendamiento de 92 vehículos, entre patrullas y unidades de auxilio vial, por una cifra de 75.6 millones de pesos. Además, el ayuntamiento capitalino realizó la compra de calentadores solares y material eléctrico por un total de 48.2 millones de pesos. Sin embargo, en ninguno de estos casos pudieron ser localizados los bienes adquiridos.
Otro hallazgo relevante fue el arrendamiento mensual de 42 vehículos por un monto de 12.3 millones de pesos a la empresa Casanova Vallejo SA de CV, a pesar de que esta empresa había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública debido a la venta de ambulancias a sobreprecio al ISSSTE.
Por otro lado, el ayuntamiento de Galindo Ceballos habría destinado 11.4 millones de pesos en la compra de equipos audiovisuales, y la producción de contenido gráfico y audiovisual, sin seguir el proceso adecuado de adjudicación. Además, existen otras observaciones por montos menores que, al sumarse, alcanzan los 200.3 millones de pesos.
Estos hechos podrían implicar graves consecuencias legales para el gobierno municipal, ya que se trata de posibles delitos como el ejercicio ilícito de funciones y peculado.
