El Gobernador Ricardo Gallardo convocó a titulares de las Fiscalías de las regiones Noreste y Noroeste mayor colaboración interinstitucional para esclarecer con prontitud los hechos delictivos
San Luis Potosí SLP.- Al inaugurar en San Luis Potosí la Segunda Sesión Ordinaria 2023 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, zonas Noreste y Noroeste, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, hizo un respetuoso llamado a las Fiscalías de los Estados a agilizar el intercambio de información, equipamiento y a unir esfuerzos para esclarecer con prontitud los hechos delictivos, incluyendo los de índole federal, y a los Poderes Judiciales de cada Entidad, a que contribuyan a fortalecer el Estado de Derecho con una justicia expedita y sensible en apoyo a la ciudadanía.
Ante las y los representantes de las Fiscalías y Procuradurías de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, Gallardo Cardona destacó que en la Entidad potosina se han invertido 6 mil millones de pesos en dos años de trabajo en materia de seguridad, “de igual forma, apostamos a la correcta capacitación de las policías estatales y municipales como primeros respondientes para lograr que el trabajo de investigación de las Fiscalías brinde resultados positivos”.
Acompañado por el representante de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Germán Adolfo Castillo Banuet, fiscal especializado de Control Regional de la FGR, el Gobernador del Estado deseó éxito a las y los participantes en la agenda de temas a analizar y debatir, “para seguir construyendo un México de paz, tranquilidad y de confianza en sus instituciones”.
En su mensaje, Castillo Banuet resaltó los resultados de la Fiscalía General del Estado, como la recuperación de 27 millones de pesos a través de mecanismos de resolución de controversias, el apoyo otorgado para el rescate de personas migrantes y connacionales privadas de la libertad por grupos delictivos, así como la colaboración que se otorga a la delegación de la FGR.
