San Luis Potosí SLP.- En representación del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, acudió a la Sesión de Instalación formal del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para el inicio del proceso electoral 2024, donde reafirmó el interés del Gobierno del Estado de proporcionar las condiciones que garanticen un proceso confiable y con respeto al voto de las y los ciudadanos.
La sesión, que presidió la consejera presidenta, Paloma Blanco López marca el arranque del proceso de elección y renovación de diputadas y diputados que integrarán la LXIV Legislatura del Congreso del Estado y los 58 Ayuntamientos, ambos para el Período Constitucional 2024-2027, con un presupuesto global de 382 millones de pesos, cifra que es superior a lo ejercido en el 2021, lo que significa un incremento de más de ocho millones de pesos.
Torres Sánchez exhortó a los partidos y actores políticos a conducirse con pluralidad y respeto, y ser corresponsables con los organismos electorales y todos los órganos de la gobernabilidad en el Estado, actuar en apego a la Ley y garantizar que se respetará la decisión ciudadana que se exprese en las urnas.
Respecto al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, explicó que para este 2024 al Ceepac se garantizaron también 206 millones de pesos en el rubro de prerrogativas para los partidos políticos, donde también hubo un incremento respecto al 2021; sobre el recurso específico para la organización del proceso electoral recordó que en el 2021 hubo elección de Gobernador y ahora solo se renovará el Congreso y los Ayuntamientos “pero en caso que se justifique un recurso adicional a los 382 millones de pesos que se autorizaron estamos el tiempo de analizar una ampliación presupuestal”.
Finalmente, el Secretario General de Gobierno dijo que el ejercicio del gasto del proceso electoral del 2024, que concluye en septiembre con la declaratoria de validez, está totalmente garantizado ya que el Estado asume su responsabilidad de dotar de suficiencia presupuesta al organismo electoral para que la elección transcurra en paz social.
