Los acreedores le cobran intereses, multas y actualizaciones que dejan entrever el mal manejo financiero que se está dando
Juan José Frías Aguilera, miembro del Colegio de Abogados de San Luis Potosí, destapa la serie de irregularidades que prevalecen en el organismo auditor del estado, ya que los estados financieros de diciembre de 2017 reportan que deben casi 50 millones de pesos y que sólo cuentan con 10 millones de pesos invertidos, de los que cabe apuntar se desconoce también de dónde salieron o para qué serán destinados.
“Es importante tocar este tema, ya que la dependencia no justifica, sí el recurso es parte de un ahorro de años anteriores, si son participaciones no ejercidas durante el año pasado, así tampoco se explica en qué concepto se pueden usar. Esto deja mucho que desear por parte de los responsables de la Auditoria Superior del Estado, porque se demuestra que tienen falta de conocimiento y de profesionalismo hacia temas de contabilidad gubernamental y de rendición de cuentas, que son rubros que se supone deberían dominar”.
Ante la falta de información sobre esto, se cree que la institución es incapaz y además da muestras de corrupción al no cumplir con las leyes de materia gubernamental para el ejercicio fiscal 2017.
“Hay que responder porqué tienen dinero no ejercido del año pasado, por qué no lo ocuparon y más aún, por qué no lo ocupan si hay deudas por más de 47 millones de pesos, ese monto ya se encuentra contabilizado en la cuenta contable Cuentas por Cobrar a Corto Plazo. Sólo dejan ver un desaseo y una grave irresponsabilidad”.
Entre sus observaciones también se reportan anomalías en relación a préstamos personales, viáticos y un saldo pendiente a favor, el cual supera el millón de pesos, mismo que supuestamente se encuentra en proceso de recuperación ante el banco a cargo del área de Legalidad del órgano Fiscalizador, sin que la ASE ofrezca detalles sobre el mismo.
“Con esto, se puede cuestionar la honorabilidad de la institución, y la calidad moral para desacreditar a las instituciones auditables que son 113 entes públicos, no se puede exigir el cumplimiento de las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC, y lo dispuesto en las leyes de contabilidad gubernamental, disciplina financiera, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esto no es más que un nido de corrupción e impunidad que tiene origen en la Auditoria Superior del Estado”.
