“Fue una reunión muy positiva, el Procurador Agrario y una plana de funcionarios de primer nivel escucharon nuestros planteamientos, recibieron documentos, revisaron algunos que ya tenían; evidentemente la Procuraduría no se carga del lado de nadie, para nosotros eso ya es una victoria”, expresó Carlos Covarrubias, asesor legal de los comuneros.
Destacó como un logro que en la reunión se haya establecido que, de acuerdo con la ley, no es posible que las tierras comunales de San Juan de Guadalupe puedan ocuparse para constituir una asociación inmobiliaria.
“No existen las figuras asociativas inmobiliarias en la Ley Agraria, no existen las aportaciones de tierra para constituir este tipo de figuras.
“Aun cuando ellos presenten un expediente donde el municipio les ‘cambió’ el uso de suelo; aquí ya está sobre la mesa que esas inmobiliarias jurídicamente no es posible constituirlas”, afirmó.
El empresario potosino Carlos López Medina, a través de la inmobiliaria Reserva, pretende adjudicarse 2 mil hectáreas para un complejo inmobiliario de lujo, para lo cual cuenta con la complicidad del alcalde Nava, pretendiendo pasar por encima de la ley para ceder los terrenos que pretenden ser pagados a 83 pesos el metro cuadrado, para después revenderlos hasta a 18 mil pesos.
Además, desde hace más de 20 años, esa zona fue catalogada como área natural protegida y de recarga de mantos acuíferos, por lo cual su pérdida representaría no solo abuso de poder y afectación a los comuneros, sino un grave daño ecológico para toda la ciudad de San Luis Potosí.
