Cabe recordar que durante la gestión del ex auditor se cometieron sendas irregularidades como nepotismo, tráfico de influencias, corrupción, y otros hechos que merecen la configuración del delito de Asociación Delictuosa, le corresponde a los diputados locales no permitir que esta situación no quede exenta de las manos de la ley.
“En su administración exoneró a diversos entes auditables, pese a que se habían registrado varias irregularidades de origen administrativo y financiero, no debemos permitir que este hecho quede impune; hay que tener en mente que ya no está protegido por el fuero”.
Asimismo consideró que los diputados se toman atribuciones que no les corresponden, ya que no existe ley alguna que los faculte y mucho menos que los obligue a exonerar a funcionarios públicos por la comisión de delitos sean estos de carácter administrativos o de otra naturaleza, “la derogada Ley de Auditoria que regulaba a organismo siempre fue muy clara, se precisa que se tiene por objeto regular la revisión de las cuentas públicas y su fiscalización superior, el fincamiento e imposición de sanciones derivadas de las responsabilidades administrativas y financieras, resultante de los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública y al Patrimonio de los Entes Auditables”.
Sostuvo que las autoridades de la ASE deben formular y entregar al Congreso el informe del resultado de la revisión de las cuentas públicas, a efecto de que éste revise si los mismos cumplen con las disposiciones legales aplicables, determinar los daños y perjuicios que afecten la hacienda pública estatal o municipal y fincar las responsabilidades y determinar las indemnizaciones así como imponer las sanciones correspondientes.
“A la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado no le corresponden facultades discrecionales para exonerar a los entes auditables, por consecuencia en términos de ley el responsable directo de dichas Anomalías lo es el ex auditor José de Jesús Martínez Loredo, así como la actual auditora Rocío Cervantes, quien al momento de recibir dicha Institución, debió realizar las investigaciones pertinentes al caso e iniciar los procedimientos administrativos correspondientes y las denuncias ante la Fiscalía del Estado para deslindar las responsabilidad, pero por el contrario le otorgó un finiquito laboral estratosférico y excesivo, convirtiéndose en cómplice de serias inconsistencias”.
