Al cierre de esta obligación que tenía como fecha de vencimiento el 31 de mayo, el 99 por ciento de los servidores públicos municipales cumplieron con esta obligación, incluyendo funcionarios de alto rango como se venía realizando en pasados años.
A partir de ese 2018 por disposición normativa, marcada por la Contraloría Interna del Ayuntamiento, se incluyeron a este procedimiento los trabajadores denominados por honorarios, y gracias a una buena planeación y disposición de su parte, se obtuvo una respuesta positiva.
Un aproximado de cuatro mil trabajadores cumplió con su obligación marcada por la ley, de hacer su declaración patrimonial, logrando la meta prevista, pero habrá sanciones para quienes no tengan razones justificables de su omisión, ya que existen casos de incapacidad, o término de su situación laboral que son escenarios razonables.
Barajas Ábrego puntualizó que los funcionarios tienen el derecho de determinar si se hace pública su declaración patrimonial o mantenerla privada, ya que la ley les otorga ese derecho.
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