El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, reiteró el compromiso de la Administración del presidente Joe Biden de trabajar de manera conjunta con el gobierno mexicano para combatir el tráfico de armas a nuestro país.
Agregó que a la par de la lucha contra el tráfico ilegal de armas lo es, también, el atacar el tráfico de personas, y los flujos de narcóticos ilegales que victimizan a los pueblos de ambas naciones.
“Esperamos con ánimo la mayor colaboración bajo el Entendimiento Bicentenario para garantizar la seguridad de los ciudadanos de nuestros dos países. Si bien estamos explorando maneras novedosas de profundizar nuestra colaboración, la relación entre nuestras agencias de la ley es de añeja vigencia y productividad”.
A través de una tarjeta informativa, el diplomático dijo que producto de esta renovada colaboración han prosperado importantes acusaciones y juicios en los últimos 5 meses contra presuntos traficantes de armas.
El pasado 19 de enero, un gran jurado federal formalizó la acusación contra seis personas por 23 cargos relacionados con la exportación ilegal de armas a México para el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los criminales utilizaron las ventas de drogas ilegales para comprar rifles de asalto de grado militar, municiones y partes de ametralladoras. Agentes estadounidenses arrestaron a cinco de los hombres, el sexto se encuentra fugitivo en México. Todos enfrentan cargos que podrían resultar en condenas de hasta 30 años en prisión.
En segundo lugar, un residente del estado de Oklahoma, Andrew Scott Pierson, tiene ante sí hasta 20 años de prisión y una multa de un millón de dólares tras declararse culpable, el pasado mes de noviembre, de conspirar para violar la Ley de Control de Armas.
Cinco cómplices se han declarado culpables, y uno se encuentra fugitivo en México. El grupo trabajó con una organización basada en Laredo, Texas, que ensamblaba armas de fuego para que funcionaran de manera automática para el Cártel del Noreste y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Como tercer ejemplo de esta estrategia contra traficantes, en septiembre pasado un gran jurado federal formalizó la acusación contra un ciudadano mexicano residente en el estado de Oregon, y 10 de sus asociados, con 52 cargos de violar la ley estadounidense.
David Acosta Rosales se declaró culpable de dirigir una conspiración para obtener y contrabandear a México rifles de alta potencia y armas de fuego de alto nivel para el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tres meses después, Acosta Rosales fue sentenciado a 75 meses en prisión federal, y tres años de libertad condicional. Siete de sus cómplices también se han declarado culpables.
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