Familiares de mineros que hace más de 15 años quedaron atrapados en una mina de Pasta de Conchos, Coahuila, denunciaron la “falta de política victimal organizada y adecuada” por parte del gobierno federal, al que condicionaron a la aceptación de los más de mil 100 peticionarios en el litigio que se sigue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para aceptar una solución amistosa.
Los peticionarios y sus representantes legales, Organización Familia Pasta de Conchos y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), informaron que el 26 de julio la CIDH les notificó que remitió al Estado mexicano su respuesta a las propuestas de solución amistosa, que de aceptarlas “sería una oportunidad para que el Estado, con acompañamiento de la CIDH, atienda los compromisos y legítimas exigencias que por más de 15 años mantienen las familias de Pasta de Conchos”.
En un comunicado los peticionarios, que suman más de mil 100 personas, insistieron en que “para iniciar un proceso de solución amistosa, el Estado debe garantizar condiciones que permitan el reconocimiento de todas las y los peticionarios en el litigio, permitiendo su acceso a reuniones e información así como su participación en el seguimiento de los acuerdos asumidos” por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al solicitar una reunión de trabajo con la CIDH, “en lo posible presencial y en la mina” para dar seguimiento a los acuerdos asumidos por las autoridades, los familiares y sus representantes denunciaron que esas consideraciones no han ocurrido “debido a una falta de política victimal organizada y adecuada que integre a todas las peticionarias”.
Urgieron a que las autoridades tomen medidas de no repetición, “que incluyan acciones estructurales para evitar siniestros como el ocurrido en Pasta de Conchos en 2006”, lo que fue reiterado en un escrito enviado a la CIDH el 15 de junio y uno de los remitidos a las autoridades mexicanas, tras un siniestro ocurrido en las cuevas de Rancherías en Múzquiz, donde la inundación de la mina provocó la muerte de siete mineros que pudieron ser rescatados.
Con esa exigencia, los familiares de las víctimas del siniestro en Pasta de Conchos, reiteraron que es necesario que los acuerdos asumidos por el gobierno federal “incorporen medidas de no repetición para garantizar la seguridad de los mineros en la región, sobre todo debido a que a la fecha, se continúan haciendo nuevas cuevas para surtir carbón derivado del contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.
Agregaron que, “pese a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) restringió el acceso a las minas, los trabajadores continúan denunciado que las mismas siguen en operación”.
La Organización Familiares Pasta de Conchos y el Centro Prodh, indicaron que el Estado mexicano tiene un plazo de un mes para dar respuesta a los peticionarios en el litigio ante la CIDH por las violaciones a los derechos humanos, cometidos contra los mineros atrapados en la mina y sus familiares.
Para los peticionarios y sus representantes, las autoridades tienen la oportunidad de “atender las deficiencias que hasta ahora persisten en la interlocución y asegurar que la voluntad y los compromisos adquiridos por el gobierno, se lleve a cabo bajo esquemas de participación adecuadas y atendiendo a la integralidad de las medidas, incluyendo la no repetición, así como el rescate que habrá de ocurrir en el mes de octubre”.
Fuente: https://www.proceso.com.mx/
