San Luis Potosí, México.- La falta de un nuevo esquema federal de regularización mantiene en un limbo jurídico a decenas de miles de propietarios de vehículos de procedencia extranjera en el estado, luego de que el decreto vigente concluyera el 31 de diciembre de 2025 sin una alternativa inmediata.
De acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles, entre 30 mil y 40 mil unidades quedaron fuera del padrón vehicular, lo que impidió completar su proceso de legalización y dejó a sus dueños expuestos a sanciones y restricciones de circulación.
La presidenta de la Asociación de Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio, Elizabeth Gómez Suárez, advirtió que el cierre del programa no solo frenó trámites en curso, sino que colocó a miles de familias en una condición de mayor vulnerabilidad legal.
Explicó que muchos de estos vehículos son herramientas esenciales de subsistencia, utilizados para el trabajo cotidiano, el traslado familiar o actividades comerciales y agrícolas, por lo que la falta de certeza impacta directamente en la economía de los hogares.
La dirigente recordó que el decreto, implementado en abril de 2023, permitió durante más de dos años una regularización masiva de autos usados, un proceso que no se veía en esa magnitud desde 2005. Aunque el balance general fue positivo por el número de unidades incorporadas a la legalidad, reconoció que el esquema presentó deficiencias, como la inclusión de modelos demasiado antiguos que ya no cumplían con criterios ambientales.
En este contexto, Gómez Suárez señaló que el Gobierno Federal analiza la emisión de un nuevo decreto aduanero, el cual contemplaría la importación definitiva mediante pedimentos, el pago de aranceles e IVA, reglas de operación más estrictas y un mayor control a través de agencias aduanales. Bajo este planteamiento, la regularización podría limitarse a vehículos de modelos más recientes, posiblemente a partir de 2010.
Mientras no exista una definición clara, la dirigente subrayó la necesidad de que autoridades federales, estatales y municipales eviten actos de hostigamiento o extorsión contra los propietarios de estas unidades. Indicó que la CTLP ya ha iniciado diálogo con distintas corporaciones de seguridad para garantizar el respeto a los derechos de los conductores.
Finalmente, afirmó que la asociación mantendrá el acompañamiento jurídico y la asesoría a sus integrantes, además de continuar gestiones ante instancias federales y legislativas, con el objetivo de impulsar un nuevo mecanismo de regularización que otorgue certeza legal y patrimonial a miles de familias en San Luis Potosí.
