San Luis Potosí, México. — La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta una doble crisis: una de inseguridad interna, tras la violación de una alumna dentro de la Facultad de Derecho, y otra de opacidad financiera, luego de negarse durante tres años a transparentar el uso de casi mil 800 millones de pesos en recursos públicos.
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, advirtió que la máxima casa de estudios “está al borde del colapso político y moral” debido a la falta de respuestas ante ambos frentes.
“El rector se fue a litigar en la Corte mientras aquí ardía la universidad. ¿Quién cuidó a los alumnos? ¿Quién atendió a la víctima? Quien pierde son los estudiantes, que son el alma de la universidad”, señaló el auditor.
Crisis de seguridad y credibilidad
El conflicto inició el 17 de octubre, cuando una estudiante de Derecho fue víctima de violación dentro de las instalaciones universitarias, hecho que desató paros, tomas de facultades y marchas estudiantiles en la capital potosina.
La presión derivó en la destitución de la titular de Derechos Universitarios, Magdalena Beatriz González Vega, mientras el rector Alejandro Zermeño Guerra y su equipo enfrentan acusaciones de encubrimiento e indiferencia.
Resistencia a la fiscalización: tres años sin rendir cuentas
Paralelamente, la UASLP mantiene un conflicto legal con el IFSE desde 2022, al negarse a entregar documentación comprobatoria del gasto público.
Según Lecourtois, la Universidad interpuso múltiples recursos —amparos, juicios de nulidad y una controversia constitucional ante la Suprema Corte— para impedir la revisión de sus cuentas, pero todos fueron desechados.
“La Corte ya determinó que la UASLP es un organismo público descentralizado del Estado. Eso significa dos cosas: recibe dinero público y debe rendir cuentas”, enfatizó el auditor.
Aun así, la institución mantiene su negativa:
“Nos dicen que son autónomos, que tienen contraloría propia… pero esa contraloría la nombran ellos mismos. Hazme el favor”, ironizó Lecourtois.
Bajo la lupa: 1,800 millones sin comprobar
El IFSE sostiene que, de 2022 a 2024, la UASLP no ha entregado facturas, contratos ni soportes contables por alrededor de 600 millones de pesos anuales.
“Si no presentan comprobación, se les va a fincar responsabilidad personal”, advirtió el titular del órgano fiscalizador.
La Universidad recibe cada año aproximadamente 600 millones de pesos del erario, por lo que la falta de comprobación abarca casi mil 800 millones en tres ejercicios.
Mientras la indignación crece dentro y fuera de la institución, el conflicto entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas amenaza con convertirse en una crisis institucional sin precedentes para la educación pública potosina.
