San Luis Potosí, México.- La iniciativa presentada por el diputado Héctor Serrano Cortés, que propone penas de hasta 12 años de prisión por elaborar o difundir contenidos generados con Inteligencia Artificial (IA) que “provoquen alarma social” o manipulen información institucional, continúa encendiendo alertas entre organizaciones civiles, especialistas y defensores de derechos humanos. Mientras el legislador insiste en que “no busca censurar”, la lectura técnica del proyecto revela un potencial riesgo directo para la libertad de expresión, la crítica política y el trabajo periodístico.
El vocero de Ciudadanos Observando, Guadalupe González, advirtió que el problema central está en la redacción ambigua y peligrosa de la propuesta. Explicó que conceptos como “alarma social” o “desinformación” quedan a interpretación de la autoridad, y que si ésta decide que hubo “dolo”, el contenido sería punible.
“El dolo implica la voluntad de causar daño. Es decir, la excepción se convierte en una trampa legal”, señaló.
Pero el punto más grave, añadió, es el artículo 187 Ter, que prohíbe el uso de imagen, voz o identidad digital de cualquier persona sin su “consentimiento previo, específico e informado”, independientemente del propósito.
González advirtió que esta cláusula aniquila la posibilidad de parodia, sátira, crítica política o creación artística con figuras públicas, prácticas fundamentales en cualquier democracia.
“El resultado es un marco legal que, lejos de regular éticamente la IA, abre un camino peligroso hacia la criminalización del discurso incómodo para el poder”, afirmó.
La preocupación es compartida por Cambio de Ruta, organización dirigida por Luis González Lozano, quien alertó que la iniciativa criminaliza el uso mismo de la IA, algo “inconstitucional y violatorio de derechos fundamentales”.
Detalló que el proyecto pretende castigar incluso a quienes elaboren memes, parodias o contenido crítico, aun si tienen finalidad periodística, artística o de interés público.
La inclusión de términos vagos como “menoscabar autoridad” o “alarma social”, dijo, abre la puerta a una censura discrecional disfrazada de regulación tecnológica.
Pese a las advertencias, el diputado Héctor Serrano desestimó la polémica y responsabilizó a quienes “malinterpretan” su iniciativa.
“Los mal pensados le van a dar la interpretación que quieran… actuamos de buena fe para evitar pánico social”, sostuvo, acusando a críticos y especialistas de “exagerar” los alcances del documento.
Sin embargo, para las organizaciones ciudadanas no se trata de “mal pensamiento”, sino de lo que la iniciativa literalmente establece: un marco normativo que permite perseguir y castigar la crítica, limita la creación digital, suprime la sátira y coloca en manos del poder político la facultad de decidir qué contenido es aceptable y cuál debe ser sancionado.
La discusión no es menor: está en juego el equilibrio entre la innovación tecnológica, la libertad de expresión y el derecho ciudadano a cuestionar al poder, pilares esenciales de una sociedad democrática.
