San Luis Potosí, México.- Tras una reunión de docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se confirmó que este martes 16 de diciembre se llevará a cabo la audiencia constitucional del juicio de amparo promovido por Édgar Durón Puente, en la que se prevé que la jueza Sexta de Distrito, Araceli del Rocío Hernández Castillo, decrete la suspensión definitiva del proceso de elección de la dirección de la facultad.
Durón Puente impugnó su exclusión de la terna integrada por el Consejo Técnico Consultivo, y su caso ha generado controversia al ser señalado públicamente como uno de los asesores cercanos del rector Alejandro Javier Zermeño Guerra, circunstancia que sectores académicos consideran un elemento de trasfondo político interno en el litigio.
La resolución judicial mantiene detenida la Asamblea Electiva del Consejo Directivo Universitario, cuya reanudación quedó imposibilitada luego de la suspensión que se decretó el pasado 20 de noviembre, prolongando la indefinición sobre la designación de un nuevo director o directora de la Facultad de Derecho.
En este contexto, el actual director, Jesús Javier Delgado Sam, continúa en funciones de manera indefinida, con sustento en los artículos 82 y 85 del Estatuto Orgánico de la UASLP, que prevén la permanencia de la autoridad en tanto no se concluya el procedimiento de sustitución, situación que no ha sido posible debido a las medidas cautelares vigentes.
Profesoras y profesores de la Facultad advirtieron que la institución podría entrar en una fase de desgaste institucional, marcada por el uso reiterado del amparo no como herramienta de protección de derechos, sino —según señalaron— como un mecanismo para dilatar o impedir la llegada de una dirección que no resulte afín a los intereses del rectorado.
El profesorado adelantó que analiza comparecer como tercero interesado en el juicio y alertó que el conflicto legal podría prolongarse entre seis meses y un año, generando un escenario de incertidumbre académica y administrativa. Coincidieron en que la judicialización prolongada de los procesos internos representa un riesgo para la gobernabilidad, la autonomía universitaria y la vida democrática de la UASLP.
