San Luis Potosí, México.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen Interno y Asuntos Electorales aprobaron por mayoría de votos el dictamen de la iniciativa presentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), que plantea una amplia reconfiguración de la Constitución local y de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. El eje central de la propuesta establece que, en la elección de 2027, solo mujeres podrán competir por la Gubernatura del Estado.
Durante la discusión, asesores técnicos de las comisiones señalaron que, tras el análisis jurídico del proyecto, las reformas y adecuaciones propuestas resultan constitucionalmente procedentes, están debidamente justificadas y atienden la necesidad de modernizar el régimen electoral, con impacto directo en el fortalecimiento del sistema democrático y la protección de los derechos humanos.
El dictamen será turnado a la Mesa Directiva del Congreso del Estado para su eventual inclusión en la sesión del domingo 14 de diciembre o, en su caso, en la del lunes 15, según la programación legislativa.
Entre los cambios más relevantes se encuentra el reforzamiento del principio de paridad de género, mediante la alternancia obligatoria en la candidatura a la gubernatura conforme al género postulado en la elección inmediata anterior. También se contempla la integración paritaria de los ayuntamientos, incluidas las presidencias municipales, así como la armonización de la Comisión de Género bajo criterios de igualdad y no discriminación.
El proyecto amplía, además, las facultades del CEEPAC para rechazar registros de candidaturas que incumplan con las reglas de paridad, y ajusta el inicio del proceso electoral al 15 de noviembre del año previo a la jornada electoral.
Otras disposiciones incluyen la remuneración de quienes integren Comisiones Distritales y Comités Municipales; el fortalecimiento de los procedimientos de sustitución y revocación en órganos desconcentrados; la modernización en el manejo de boletas, documentación electoral y sistemas de resultados; así como la ampliación de atribuciones en la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial.
Finalmente, el dictamen establece la obligación de destinar al menos el 5 por ciento del financiamiento público de los partidos políticos a capacitación, enfocada de manera específica en la formación política, el desarrollo de habilidades, el fortalecimiento de liderazgos y la participación efectiva en espacios de decisión de personas con discapacidad y de personas de la diversidad sexual.
