San Luis Potosí, México.- La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), Paloma Blanco López, sostuvo que la iniciativa y posterior aprobación de la reciente reforma electoral en San Luis Potosí se apegan plenamente al marco legal y a los criterios constitucionales vigentes, al tratarse de un proyecto técnicamente fundamentado y elaborado dentro de las atribuciones del organismo.
La titular del CEEPAC subrayó que el Consejo actúa como un órgano técnico especializado, con claridad sobre los tiempos y etapas que deben observarse para que, al inicio de cada proceso electoral, existan reglas claras y previamente definidas. En ese sentido, afirmó que el trabajo del organismo busca garantizar certeza jurídica y operatividad institucional.
Blanco López precisó que la propuesta no surgió de manera improvisada. Explicó que fue resultado de más de un año de análisis técnico, iniciado tras la conclusión del proceso electoral ordinario, en el que participaron áreas especializadas del Consejo y representantes de los partidos políticos. El documento, enfatizó, responde exclusivamente al ejercicio de las facultades legales del CEEPAC.
Durante ese periodo, detalló, se desarrolló un estudio conjunto que incorporó aportaciones técnicas de las fuerzas políticas, lo que permitió construir una iniciativa sólida que posteriormente fue presentada ante las instancias competentes para continuar con el procedimiento legislativo correspondiente.
La presidenta del organismo electoral aclaró que la responsabilidad del Consejo concluye con la presentación de la iniciativa, mientras que la revisión, discusión y eventual validación recaen en el Congreso del Estado y, en su caso, en las instancias jurisdiccionales. Bajo esa lógica, puntualizó que el CEEPAC no interviene en las decisiones que adoptan las y los diputados locales.
En relación con el principio de paridad de género, uno de los ejes centrales del dictamen aprobado, Paloma Blanco López reconoció que se trata de un tema inserto en la agenda nacional. Sin embargo, señaló que cada entidad federativa enfrenta realidades políticas y jurídicas propias, por lo que la adopción de este tipo de reformas debe analizarse atendiendo al contexto particular de cada estado.
