San Luis Potosí, México.- La tensión laboral que hoy atraviesa la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no es un episodio aislado ni menor. Es el reflejo de una conducción institucional que, frente al conflicto, ha optado por mirar hacia otro lado. Bajo esa inercia se encuentra la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra, incapaz —o renuente— a contener una crisis que ya desnuda problemas serios de gobernabilidad universitaria.
Desde hace más de una semana, el personal administrativo de la Facultad de Ciencias de la Información sostiene un paro de “brazos caídos”. La protesta no surge por capricho: los trabajadores denuncian violencia laboral reiterada, hostigamiento y acoso ejercidos desde instancias internas de la propia facultad. Pese a la gravedad de los señalamientos, la respuesta institucional ha sido el silencio, una omisión que prolonga el conflicto y normaliza la vulneración de derechos dentro de la universidad.
Las acusaciones involucran directamente a funcionarias universitarias, sin que hasta ahora exista una actuación firme de la administración central. El mensaje que se transmite es inquietante: denunciar no garantiza protección ni justicia. Esta percepción se agrava tras conocerse que las quejas formales presentadas ante la Defensoría de Derechos Universitarios fueron desestimadas, debilitando aún más la confianza en los mecanismos internos de defensa.
Mientras el conflicto laboral se enquista, la rectoría parece enfocada en otros frentes que también generan cuestionamientos. Uno de ellos es el adeudo millonario que arrastra la institución, problema estructural que permanece sin una explicación clara hacia la comunidad universitaria. A ello se suma la polémica compra de ropa interior a través de la tienda universitaria, una adquisición que difícilmente encaja con los fines académicos de una universidad pública.
Aunque se ha señalado que dicho material se encuentra “resguardado”, hasta ahora no existe información documentada, transparente ni verificable sobre su destino ni sobre el uso de los recursos públicos empleados para esa compra. La ausencia de rendición de cuentas alimenta la percepción de opacidad administrativa, justo cuando la institución enfrenta reclamos legítimos de su personal.
En este escenario, la crisis en la UASLP ya no es solo laboral. Es política, ética y administrativa. Y mientras la rectoría evite asumir su responsabilidad, el desgaste institucional seguirá creciendo, a costa de quienes sostienen, día a día, el funcionamiento real de la universidad.
