San Luis Potosí, México. — El Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por Enrique Galindo Ceballos, se encuentra bajo fuertes señalamientos luego de que auditorías correspondientes a 2024 identificaran el uso de empresas fantasma como una de las irregularidades más recurrentes, según información difundida por la organización Ciudadanos Observando y reconocida por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
Los informes finales advierten sobre la presunta utilización de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS), un esquema que habría permitido justificar compras inexistentes o servicios irregulares con recursos públicos, generando un posible daño patrimonial al erario municipal.
Las indagatorias se concentran principalmente en la Oficialía Mayor del gobierno capitalino, a cargo de Salvador Moreno Arellano, aunque también se han identificado prácticas similares en otras administraciones municipales del estado.
En el caso específico de la capital potosina, los reportes señalan pagos de montos millonarios a empresas y personas físicas que, tras ser verificadas, no existen o carecen de capacidad operativa real para prestar los servicios por los que cobraron. Entre las observaciones más graves figuran domicilios fiscales falsos, ubicados en terrenos baldíos, viviendas abandonadas, inmuebles sin actividad comercial o incluso fuera de la entidad, así como giros empresariales que no coinciden con los servicios facturados.
A estas anomalías se suman otras prácticas irregulares, como el uso de facturas canceladas y procedimientos de compra presuntamente manipulados, lo que refuerza las sospechas sobre un patrón sistemático de simulación administrativa.
El panorama se vuelve aún más delicado ante el anuncio del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que a partir de 2026 implementará una estrategia de fiscalización más estricta, con revisiones directas y visitas domiciliarias enfocadas en comprobar la existencia real de las operaciones reportadas. Esta medida colocará a los gobiernos municipales bajo una vigilancia fiscal sin precedentes.
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el uso de empresas fantasma no es una falta menor, ya que en distintos niveles de gobierno este mecanismo ha sido utilizado para desviar millones de pesos, con consecuencias graves en sectores sensibles como la salud, la infraestructura y los servicios públicos, por lo que exigieron investigaciones a fondo y sanciones ejemplares.
