San Luis Potosí, México.- Estudiantes organizadas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tomaron las instalaciones del plantel, calles de la capital potosina y el edificio central de la Universidad, en protesta por el caso de abuso sexual cometido contra una compañera y por lo que califican como “indiferencia, encubrimiento y omisión” de las autoridades universitarias.
Las manifestantes denunciaron que la agresión no ocurrió en los baños, como informó inicialmente la institución, sino en el cubículo de la Federación Universitaria Potosina (FUP), dentro de la Facultad. “Sabemos que fue en el cubículo de la Federación Universitaria. Esto se oculta para proteger a los responsables que forman parte de la institución”, señaló una alumna durante la protesta.
El movimiento acusa directamente a miembros de la FUP de ser los perpetradores y criticó el comunicado emitido por la Federación, que se deslindó de los hechos. “Todos sabemos que sí eran parte, incluyendo a Santiago, quien era representante y fue destituido provisionalmente”, denunciaron.
Las estudiantes entregaron un pliego petitorio en el que expresaron su “profunda indignación” y señalaron a la FUP por “negligencia y complicidad”. En el documento exigieron:
-
La destitución inmediata de los representantes de la FUP en la Facultad.
-
La asunción de responsabilidad institucional por parte de la UASLP, la dirección de la Facultad y la Defensoría de Derechos Universitarios, por su “falta de actuación efectiva y revictimización”.
-
La implementación urgente de un protocolo integral de atención y sanción ante casos de violencia, con participación de colectivas feministas y especialistas externos.
-
Transparencia y rendición de cuentas públicas sobre las sanciones adoptadas, así como garantías de seguridad y no represalias para la víctima y sus acompañantes.
Tras la toma de la Facultad, el contingente marchó por la calle Tomás Estévez y avenida Carranza hasta el Edificio Central de la UASLP, donde exigieron una audiencia con el rector Alejandro Zermeño Guerra. Con pancartas y consignas como “El encubridor también es violador”, denunciaron la falta de respuesta institucional y demandaron protocolos reales de defensa y atención a la violencia de género.
En el lugar fueron recibidas por Magdalena Beatriz González Vega, Defensora de los Derechos Universitarios, quien aseguró que la dependencia ya había iniciado una investigación y que el caso está siendo atendido conforme al protocolo para erradicar la violencia contra las mujeres.
“Estamos buscando que la joven afectada acuda con nosotros, porque de otra manera no podemos actuar. Ya se levantó un acta con los directivos de la Facultad de Derecho y comenzamos la investigación. No puedo adelantar resultados, pero estamos trabajando de la manera más rápida posible”, declaró González Vega.
Sin embargo, las alumnas consideraron insuficientes las declaraciones de la funcionaria y denunciaron que lo ocurrido forma parte de un patrón sistemático de encubrimiento y tolerancia a la violencia dentro de la Universidad. Recordaron casos previos en los que alumnas agredidas “solo recibieron como respuesta ‘cámbiate de clase’”.
“La Facultad de Derecho debería ser ejemplo de respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, pero ha permitido que las estructuras de poder y silencio prevalezcan sobre la justicia”, señalaron.
Por la tarde, la UASLP emitió un comunicado oficial en el que afirmó que “respecto a la comisión de un presunto delito, la Universidad reprueba dicho acto” y aseguró que las autoridades escolares actuaron conforme a los protocolos institucionales. Además, informó que se dará acompañamiento a la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) “para que se castigue conforme a la ley a quienes resulten responsables”.
Pese a ello, las estudiantes reiteraron que la respuesta es “insuficiente y evasiva”, por lo que mantendrán las movilizaciones hasta obtener acciones concretas y sanciones visibles.
Al cierre de esta nota, el contingente se dirigió a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, donde extendieron sus denuncias y exigencias para que el caso no quede impune.
