San Luis Potosí, México. El alcalde Enrique Galindo Ceballos intenta deslindar de responsabilidad a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) ante la presunta red de corrupción descubierta en la Dirección de Protección Civil, encabezada hasta hace unos días por Adrián Cortázar, pero sus declaraciones dejan más dudas que certezas y revelan un preocupante intento por minimizar un caso grave de omisión institucional.
A pesar de que la Dirección de Protección Civil fue incorporada a la estructura de Seguridad Pública durante su propia administración, el edil asegura que la SSPCM no tiene ninguna responsabilidad ni relación con los hechos irregulares. En entrevista, Galindo Ceballos justificó la integración como una “decisión táctica y operativa”, afirmando que el vínculo se dio únicamente para fortalecer la capacidad de respuesta en emergencias.
Sin embargo, resulta contradictorio que una dependencia adscrita directamente a Seguridad Pública —la cual cuenta con más de mil elementos bajo su mando— no haya detectado ni intervenido ante irregularidades tan evidentes como el rezago de más de mil 400 dictámenes, señal de una falla grave en la supervisión, control y rendición de cuentas.
Lejos de asumir la responsabilidad institucional, el alcalde se limitó a reconocer que “se equivocó de director”, como si el problema fuera una simple cuestión de personal y no el reflejo de una estructura permisiva donde la corrupción y la negligencia se volvieron parte del funcionamiento cotidiano.
“Me equivoqué de director… yo ya lo corregí”, declaró el edil, en un intento por cerrar el tema con una ligereza que indigna a la ciudadanía. Lo que Galindo no explica es cómo una dependencia bajo su mando directo pudo operar con irregularidades durante meses sin que existiera control alguno, ni por qué la SSPCM, a la que él mismo subordinó Protección Civil, no detectó las anomalías antes de que estallara el escándalo.
La declaración del alcalde, más que aclarar, expone la falta de autocrítica y de transparencia de una administración que, en lugar de reconocer los errores estructurales, prefiere culpar a un exfuncionario y dar por cerrado el asunto, cuando lo que se requiere es una investigación exhaustiva, sanciones ejemplares y rendición de cuentas pública.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue enfrentando las consecuencias de un gobierno que, entre pretextos “tácticos” y decisiones improvisadas, sigue sin garantizar ni seguridad ni integridad en el manejo de sus propias instituciones.
