IFSE alista informes 2024; detecta 1,400 mdp sin aclarar

El organismo halló observaciones financieras millonarias y prepara procedimientos administrativos y penales.

San Luis Potosí, México.- El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) se declaró preparado para entregar al Poder Legislativo, a través de la Comisión de Vigilancia, el Informe General y los Informes Individuales de Auditoría correspondientes a las Cuentas Públicas 2024, documentos que se encuentran prácticamente concluidos y únicamente requieren la revisión final antes de ser turnados al Congreso.

El titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que las auditorías realizadas este año arrojaron observaciones financieras por alrededor de mil cuatrocientos millones de pesos, monto que los entes públicos no lograron solventar en las etapas preliminares destinadas precisamente a su aclaración.

Desafortunadamente, las entidades fiscalizadas solo lograron solventar un porcentaje de sus observaciones, quedando pendiente de aclarar aproximadamente 1,400 millones de pesos”, explicó el Auditor Superior.

Al concluir los plazos legales, las áreas de Investigación y Substanciación del IFSE continuarán con los procedimientos correspondientes, garantizando el derecho de audiencia para que cada funcionario responda de manera individual a las irregularidades detectadas.
Sigue el requerimiento del recurso público cuya utilización se presume indebida, mediante procedimientos administrativos e incluso penales para lograr su resarcimiento”, añadió Lecourtois.

El Auditor Superior advirtió que tanto funcionarios como exfuncionarios, con o sin aspiraciones políticas, deberán aclarar sus cuentas ante el Instituto. Señaló que en el caso de exservidores que mantienen aspiraciones políticas, su visibilidad facilita la localización de bienes para embargos, en caso de ser necesarios, con el objetivo de reintegrar recursos al ente afectado.

Finalmente, Lecourtois informó que durante este año el IFSE presentó ocho denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, dirigidas contra exfuncionarios y funcionarios municipales por la presunta afectación a la hacienda pública y al patrimonio de diversas entidades, evitando así la prescripción de los delitos.

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