Lecourtuois explicó que, aunque se realizaron dos etapas de solventación, una gran parte de los municipios no logró aclarar los recursos observados, por lo que el Instituto ya inició el cobro directo a los funcionarios responsables del uso indebido de recursos públicos. En varios casos, precisó, se ha conseguido el reintegro del dinero.
Apenas 6 de cada 10 ayuntamientos pudieron justificar las observaciones; el resto enfrenta procesos administrativos para embargo de bienes, y cuando existen indicios de delitos, el IFSE turna los expedientes a la Fiscalía General del Estado.
El auditor señaló que algunos ex funcionarios buscan volver a competir en elecciones locales y, para ello, han tenido que acudir al IFSE a fin de regularizar sus cuentas pendientes. “Eso nos ha permitido mejorar la recuperación de recursos”, afirmó, al destacar que, al reaparecer públicamente, es posible localizar bienes y proceder legalmente, incluso con embargos de terrenos.
Para evitar que los casos prescriban, el Instituto ya presentó ocho denuncias penales contra ex alcaldes y servidores públicos —algunos aún en funciones— con el fin de garantizar que las responsabilidades continúen su curso, sin importar el tiempo que tome concluir la fiscalización.
Lecourtuois detalló que, tras concluir las etapas preliminares, los expedientes pasaron al área de Investigación y Substanciación, donde se brinda audiencia a cada ente fiscalizado para que presente aclaraciones finales. El informe será entregado a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, como parte del proceso de revisión democrática del uso de los recursos públicos.