San Luis Potosí, México.- El debate sobre las tarifas del agua volvió a exhibir la crisis interna del Interapas, que nuevamente se encuentra en el centro de cuestionamientos por su desempeño, su administración y la falta de resultados visibles para la población. Mientras el gobernador Ricardo Gallardo Cardona insiste en que el organismo metropolitano debe desaparecer por su evidente incapacidad para brindar un servicio eficiente, su director Jorge Daniel Hernández Delgadillo responde que opera prácticamente sin recursos y al borde del colapso financiero.
El plazo legal para que los municipios y organismos operadores entregaran sus propuestas de cuotas y tarifas venció el 5 de noviembre, revelando una profunda fractura en el sistema de agua potable del estado. Aunque varios ayuntamientos decidieron no pedir aumentos para 2026, el caso del Interapas volvió a desatar polémica por la falta de soluciones y por las decisiones que parecen priorizar la disputa política antes que el servicio a la ciudadanía.
En este escenario, catorce organismos operadores se agruparon para formar el Consejo Potosino de Organismos Operadores de Agua. Este bloque, encabezado por los organismos de Matehuala, Ciudad Valles, Rioverde y Tamazunchale, decidió enviar propuestas de cuotas sin incrementos.
Mientras tanto, el Interapas —responsable del abasto en San Luis Potosí capital, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— aprobó un ajuste tarifario conforme al Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), justificando que se trata de la única vía para evitar un déficit aún mayor. Sin embargo, esta decisión revive el cuestionamiento central: ¿por qué año tras año el organismo reporta crisis, déficit, fugas, fallas y mala operación sin que exista un plan real de saneamiento?
El director Hernández Delgadillo ha insistido en que el organismo no cuenta con recursos suficientes para mejorar la infraestructura hidráulica, atender fugas, mantener pozos, pagar energía eléctrica o enfrentar las deudas heredadas que continúan creciendo. Pero mientras no haya claridad sobre el manejo interno, la ciudadanía sigue sin respuestas sobre por qué el servicio no mejora ni se transparentan los gastos.
Ahora, la Comisión del Agua del Congreso del Estado deberá analizar las propuestas enviadas por los municipios y organismos operadores, así como el ajuste solicitado por Interapas. La decisión legislativa será clave, pero la incertidumbre se mantiene: el acceso al agua continúa dependiendo de un organismo marcado por la opacidad, la improvisación y la falta de rendición de cuentas.
