San Luis Potosí, México.- La aprobación de la reforma electoral que garantiza la igualdad de género en la contienda por la Gubernatura del Estado representa un hecho histórico que salda una deuda pendiente con las mujeres potosinas, quienes nunca han ocupado el máximo cargo del poder Ejecutivo local, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el diputado Héctor Serrano Cortés.
El legislador sostuvo que la reforma no es un gesto simbólico, sino un paso firme hacia la igualdad sustantiva, entendida como la aplicación real y efectiva de los derechos en la vida pública. A su juicio, el nuevo marco legal garantiza que el principio de paridad deje de ser discurso y se traduzca en oportunidades concretas.
“De eso trata la igualdad sustantiva: de que lo que se dice se cumpla. Este es un momento histórico que marcará una nueva etapa en San Luis Potosí, una época distinta, favorable para las mujeres”, expresó Serrano Cortés.
El presidente de la JUCOPO subrayó que la decisión tomada por las diputadas y diputados que respaldaron la reforma quedará registrada como un antecedente relevante para la vida democrática del estado. Afirmó que su impacto será positivo no solo en términos políticos, sino también sociales, al fortalecer el principio de igualdad.
Serrano Cortés añadió que esta modificación legal contribuye a reducir la brecha histórica de desigualdad entre hombres y mujeres, y criticó prácticas partidistas que, bajo el argumento de la cuota de género, han postulado a mujeres en escenarios claramente adversos y sin condiciones reales de competencia.
El legislador señaló que este fenómeno no es exclusivo de las mujeres, sino que también se repite con jóvenes y pueblos indígenas, a quienes en ocasiones se les incluye solo de manera formal. Consideró que la reforma abre la puerta para que la participación política sea coherente con los principios que se proclaman públicamente.
Finalmente, afirmó que este avance debe entenderse como un punto de partida para otros cambios necesarios, orientados a mantener el equilibrio democrático y garantizar que la inclusión sea auténtica y no solo una exigencia normativa.
