San Luis Potosí, México.- Personal administrativo sindicalizado de la Facultad de Ciencias de la Información (FCI) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) mantienen un paro administrativo bajo la modalidad de “brazos caídos”, al denunciar violencia laboral y falta de atención institucional a quejas internas por acoso, abuso de poder y presuntas omisiones en protocolos de prevención de riesgos psicosociales.
La protesta comenzó este lunes, luego de que las autoridades universitarias emitieran una respuesta negativa al pliego petitorio presentado el 23 de enero de 2026, sin atender de fondo las problemáticas expuestas ni ofrecer medidas que garanticen condiciones de trabajo dignas, seguras y libres de violencia para el personal administrativo sindicalizado.
De acuerdo con las y los inconformes, el conflicto tiene su origen en la negativa reiterada de la administración para reconocer y atender señalamientos formales de acoso y abuso laboral, así como en el incumplimiento de la NOM-035-STPS-2018, del Contrato Colectivo de Trabajo vigente y de diversos derechos laborales y sindicales consagrados en la Constitución.
Entre las principales exigencias se encuentra la remoción de Rocío Elena Leura Vargas, administradora de la FCI, y de Norma Lilia Ariceaga Hernández, secretaria general de la facultad, a quienes acusan de presuntos actos constitutivos de acoso laboral. A ello se suma el rechazo a la contratación de personal externo ajeno a la UASLP, como Lorena Torres Martínez, responsable del área de Recursos Humanos, incorporada —según denunciaron— con recursos propios de la FCI en medio de la crisis financiera que enfrenta la universidad.
Las y los trabajadores también señalaron que, durante el desarrollo del conflicto, el rector Alejandro Zermeño Guerra habría manifestado que el personal debía “cumplir para lo que fue contratado”, minimizando las denuncias presentadas y calificando este tipo de presiones como “normales” en procesos de revisión contractual. Estas declaraciones fueron interpretadas por el personal como una amenaza directa y un intento de inhibir la protesta, generando —afirman— un clima de terror laboral dentro de la FCI.
Según los testimonios recabados, al menos 11 trabajadores habrían abandonado sus cargos en los últimos meses, ante el acoso constante y la falta de respaldo institucional por parte de las autoridades universitarias.
Las y los manifestantes rechazaron además la versión difundida por la Abogacía General de la UASLP, que aseguró que el conflicto había sido resuelto mediante un acuerdo, afirmación que calificaron como falsa. Exigieron que la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) cumpla con su función y garantice la protección efectiva de sus derechos laborales y sindicales.
Durante la protesta pacífica, realizada al interior de la facultad, colocaron pancartas con mensajes como “Seguimos en espera de una resolución” y denunciaron que fueron informados del cierre de carpetas de investigación sin notificación formal, pese a que —sostienen— la violencia laboral persiste. Ante este escenario, demandaron una resolución de fondo, sanciones para los responsables y el cumplimiento estricto de la NOM-035-STPS-2018, advirtiendo que, de no obtener respuesta, acudirán a instancias externas.
