Ciudad Fernández, San Luis Potosí, México.—Productores agrícolas de la Zona Media anunciaron que se unirán al paro nacional convocado por organizaciones del campo, al advertir que la actividad agrícola se ha vuelto insostenible debido al incremento acumulado de costos, la carga administrativa y la falta de respuesta del Gobierno Federal.
Agricultores de al menos ocho municipios confirmaron su adhesión al movimiento. Señalan que desde 2010 insumos esenciales como electricidad, combustibles, lubricantes, agroquímicos y refacciones han aumentado entre 400 y 700 por ciento, mientras que el precio del maíz prácticamente no ha variado en quince años, reduciendo sus márgenes de ganancia a niveles críticos.
A la presión económica se suma el desgaste administrativo. Los productores aseguran que la tramitología ante Conagua presenta rezagos de hasta cinco años, lo que dificulta renovar derechos de uso agrícola del agua. Además, expresaron inquietud por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que podría impedir transmitir concesiones entre familiares o compradores, dejando tierras improductivas durante largos periodos.
La inseguridad es otro componente de la crisis. Los agricultores denuncian robos, extorsiones y agresiones tanto en los camiones que transportan sus cosechas como en los vehículos que trasladan personal a las parcelas.
El sector critica, además, que solo una parte mínima del presupuesto federal realmente llega a los productores, pues la mayor proporción se destina a gastos operativos de las dependencias. A ello se suma el aumento en el costo de la mano de obra, que ha superado el 300 por ciento en los últimos años.
Tras dos años de diálogo sin resultados, los agricultores afirman haber agotado su margen de resistencia. Sostienen que las acciones de presión buscan visibilizar una crisis que amenaza la continuidad de la producción de alimentos, y pidieron comprensión a la ciudadanía.
El paro nacional contempla bloqueos, movilizaciones y acciones de resistencia civil en distintos puntos del país, con la exigencia de revisar las políticas públicas, los costos energéticos, los esquemas fiscales y las reformas legales que, aseguran, ponen en riesgo al campo mexicano.
