San Luis Potosí, México.- Diversas comunidades indígenas del municipio expresaron su rechazo al nombramiento de Julio Hernández Miguel como nuevo titular de la Unidad de Atención a los Pueblos Originarios, designado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos en octubre de 2025. La maestra Palmira Flores García, integrante del pueblo triqui y ex responsable de dicha Unidad, afirmó que la decisión del Ayuntamiento constituye una simulación y una omisión grave en el manejo del presupuesto destinado a las comunidades.
Flores García señaló que el proceso de elección del nuevo funcionario violó la Ley de Consulta Indígena del municipio, pues —aseguró— no se respetaron los mecanismos de participación ni la autonomía de los pueblos originarios. La ex titular recordó que durante cinco meses los recursos asignados permanecieron retenidos bajo el argumento de reponer la consulta, aunque ninguna autoridad electoral ordenó suspender su ejercicio.
Consideró injustificado que ahora se condicione el uso del presupuesto al reconocimiento del nuevo director. “La ley es clara: el gobierno municipal tiene la obligación de atender a los pueblos indígenas, exista o no un titular al frente de la Unidad”, destacó. Agregó que limitar el acceso a estos fondos representa un retroceso y una falta de voluntad política para garantizar los derechos de las comunidades.
La maestra triqui también denunció irregularidades durante el proceso de consulta, entre ellas la participación de personas no indígenas vinculadas a colonias y organizaciones ajenas a los pueblos del municipio, lo que calificó como una usurpación de identidad que afectó la legitimidad del proceso.
Ante esta situación, las comunidades otomí, triqui, tének, náhuat y mixteca independiente exigieron al Ayuntamiento la entrega inmediata de los recursos públicos asignados, así como el respeto a su autonomía, sus usos y costumbres y sus formas de autogobierno. Señalaron que la retención del presupuesto perjudica programas comunitarios esenciales y cuestionaron el destino que la administración municipal pretende darle. “La pregunta es: ¿en qué se quiere gastar ese dinero?”, expresó Flores García.
Las comunidades acordaron mantener su postura de rechazo al nombramiento y reiteraron que seguirán demandando participación directa en la definición y ejecución de las políticas públicas que les corresponden, sin condicionamientos administrativos ni intermediarios ajenos a las propias comunidades.
