San Luis Potosí, México.- Consejeros de las comunidades Tének y Náhuatl denunciaron que la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) mantienen bloqueados los recursos federales destinados a infraestructura social, a pesar de que existen suspensiones judiciales que ordenan entregarlos sin demora. Los representantes señalaron a los delegados Guillermo Morales López y Mario Alberto Godoy Ramos como responsables de retener el dinero en represalia contra quienes promovieron amparos para evitar ajustes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social dirigido a pueblos indígenas y afromexicanos.
Según los consejeros, más de 38.9 millones de pesos aprobados para 13 comunidades siguen sin llegar, lo que ha frenado proyectos de agua, salud y movilidad. El caso más grave es el de Tamapatz, en Aquismón, donde ni siquiera se entregó la tarjeta necesaria para disponer de los recursos asignados.
Los representantes también acusaron a la jueza del Juzgado Séptimo de Distrito, María Lucrecia Martínez Galván, de permitir que el desacato continúe. Aseguran que la juzgadora ha ignorado solicitudes recientes que buscan obligar a las autoridades a cumplir con las suspensiones, lo que ha prolongado el hostigamiento institucional contra las comunidades.
Ante este escenario, los consejeros pidieron la intervención urgente de instancias estatales y federales para liberar el dinero y sancionar a los funcionarios involucrados. Advirtieron que cualquier medida que se vean obligados a tomar para defender sus derechos será responsabilidad directa de los servidores públicos señalados.
