San Luis Potosí, México. — El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, defendió la actuación de los cuerpos de seguridad en el desalojo de habitantes de Escalerillas, al asegurar que los inconformes incurrieron en afectaciones graves a terceros y que la intervención se realizó únicamente para hacer valer la ley, con respeto pleno a los derechos humanos y a la libre expresión.
En entrevista, Torres Sánchez afirmó que el Gobierno estatal siempre permite las manifestaciones sociales, pero cuando estas vulneran derechos de otras personas, la autoridad debe actuar. Explicó que se exhortó en diversas ocasiones al grupo inconforme para entablar diálogo, pues ya estaban siendo atendidos por distintas instancias.
Detalló que representantes de los manifestantes se encontraban en oficinas de Conagua e Interapas, mientras funcionarios estatales mantenían comunicación directa con ellos. “Cuando alguien se manifiesta es para visibilizarse frente a la inactividad del Estado, pero aquí no había tal justificación, porque el Estado les estaba prestando atención”, sostuvo.
El funcionario señaló que, al registrarse bloqueos masivos que paralizaron el sector poniente de la capital, se decidió replegar a los manifestantes para restablecer la movilidad y garantizar el estado de derecho. Indicó que, posteriormente, se llevó a cabo una asamblea pública con la participación de alrededor de 400 pobladores de Escalerillas, donde estuvieron presentes el titular de la CEA, el delegado de Conagua y autoridades municipales.
Durante ese encuentro se lograron avances en torno a su principal demanda: la prestación del servicio de agua en la comunidad.
Por otro lado, Torres Sánchez desmintió rumores sobre presuntos enfrentamientos entre grupos criminales en Villa de Reyes, y llamó a no caer en especulaciones. Reconoció que la delincuencia organizada “se pone nerviosa” cuando el Estado hace valer la ley, pero aseguró que San Luis Potosí se mantiene entre los estados más seguros del país, lo que ha provocado el desplazamiento y atrincheramiento de grupos delictivos.
