San Luis Potosí, México. — El sector del transporte urbano en la capital potosina evalúa solicitar un nuevo incremento en la tarifa del servicio para el próximo año, debido al aumento de los costos operativos y a la necesidad de renovar parte de la flota vehicular, informó el dirigente transportista Margarito Terán López.
La propuesta, explicó, se fundamenta en el artículo 93 de la Ley de Transporte, que considera indicadores económicos para definir los ajustes tarifarios. Sin embargo, los empresarios buscarán que la negociación con el Gobierno del Estado incluya un plan de modernización de unidades, lo que podría implicar una tarifa “ligeramente mayor” para cubrir los costos de financiamiento.
El eventual aumento se daría tras el ajuste aplicado en enero de 2025, cuando la tarifa subió de 11.00 a 12.50 pesos, el incremento más alto en una década. Aun así, los transportistas aseguran que la inflación en combustibles, refacciones y mantenimiento mantiene la rentabilidad del sector en niveles críticos.
Terán López detalló que aún no se ha presentado una solicitud formal, ya que se espera el presupuesto de los nuevos autobuses para definir el monto a proponer ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) o directamente al gobernador del estado.
El gremio busca renovar el 10 por ciento de la flota, equivalente a unas 100 unidades nuevas de un total de mil 200 camiones que circulan en la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Los nuevos vehículos, aseguró, contarán con mejoras tecnológicas y menor impacto ambiental, aunque reconoció que sin un ajuste tarifario será difícil concretar la inversión.
“Los ingresos actuales no alcanzan para mantener ni modernizar el servicio”, señaló el dirigente, quien admitió además que el servicio es deficiente, pero que los altos costos operativos explican buena parte de los problemas. Según sus estimaciones, el combustible representa el 52 por ciento del ingreso bruto de cada unidad, con un gasto mensual de hasta 80 mil pesos por camión.
A ello se suma un déficit del 40 por ciento de operadores, pues muchos abandonan el empleo debido a los bajos salarios y jornadas laborales de hasta 16 horas sin pago de horas extra. Ante este panorama, el sector ha solicitado al Congreso del Estado la posibilidad de establecer un subsidio al transporte, a fin de mantener su carácter social y evitar que el costo total recaiga sobre los usuarios.
“El transporte público no es un negocio particular; si el Estado quiere que siga siendo accesible, tiene que ayudarnos a sostenerlo”, afirmó Terán López.
En materia de seguridad, destacó que la instalación de cámaras y botones de pánico ha reducido en 98 por ciento los incidentes delictivos, incluidos robos y casos de acoso. No obstante, reconoció que las quejas ciudadanas persisten, principalmente por retrasos o operadores que no se detienen en paradas.
El análisis oficial de tarifas se realizará a inicios de 2026, cuando la SCT actualice los montos conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y al costo de los combustibles. Hasta entonces, el gremio mantiene su postura: el transporte necesita inversión para sobrevivir, aunque eso implique un nuevo impacto en el bolsillo de los usuarios.
