San Luis Potosí, México.- Tras la reiterada negativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) a permitir auditorías del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la institución educativa enfrenta una observación superior a 600 millones de pesos en su cuenta pública 2024. El siguiente paso será fincar responsabilidades administrativas e individualizar sanciones a funcionarios universitarios, informó Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del IFSE.
El funcionario recordó que la UASLP promovió una controversia constitucional para evitar la revisión. Sin embargo, luego de una segunda impugnación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Universidad no es un ente autónomo, sino un organismo desconcentrado del Gobierno del Estado. Esa definición —subrayó— permite, conforme a la Ley de Fiscalización del Estado y a la Constitución local, revisar los recursos autogenerados por la institución, los cuales deben ser considerados públicos.
Lecourtois López puntualizó que la UASLP no será quien cubra el monto de las observaciones. Las obligaciones recaerán en los funcionarios que han obstaculizado la fiscalización, quienes, dijo, deberán responder “con sus propios recursos” una vez agotadas todas las etapas del procedimiento.
El proceso de revisión pasará ahora a una fase de sustanciación e investigación, antes de que el caso sea turnado al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), que deberá imponer sanciones personalizadas a quienes hayan incumplido.
El titular del IFSE agregó que las cuentas públicas 2022 y 2023 también fueron rechazadas por la UASLP para su fiscalización. En ambos casos, ya se desarrolla la etapa de sustanciación y se está citando de forma individual a los funcionarios universitarios para que ejerzan su derecho de audiencia, rindan declaración y se integre el expediente que será enviado al TEJA para definir las responsabilidades administrativas correspondientes.
