San Luis Potosí, S.L.P. — Después de la manifestación realizada por estudiantes de la Facultad de Economía de la UASLP, quienes denunciaron inacción institucional ante un caso de acoso y abuso sexual cometido por un profesor, las autoridades universitarias se comprometieron a emitir una resolución en un plazo máximo de 15 días.
La abogada general de la universidad, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, informó que la Defensoría de Derechos Universitarios está integrando el expediente correspondiente, el cual será turnado a la Oficina de la Abogacía General para su análisis jurídico y laboral.
“El procedimiento deberá cumplirse conforme a derecho, sin omitir ninguna de las garantías que protegen tanto a la presunta víctima como a la persona señalada”, explicó Navarro Sánchez.
La funcionaria señaló que la universidad actuará con diligencia y prontitud, y que ya se han emitido medidas precautorias para evitar el contacto entre las partes. No obstante, los estudiantes cuestionaron la lentitud del proceso y denunciaron que el profesor acusado sigue frente a grupo, pese a las carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General del Estado.
Durante el diálogo con las autoridades, las y los jóvenes entregaron un pliego petitorio en el que exigieron la separación inmediata del docente, la revisión de los protocolos de atención a víctimas y mayor transparencia en los procedimientos internos.
Navarro Sánchez defendió que los protocolos contra acoso y hostigamiento están activos y que la UASLP cuenta con un modelo de atención integral centrado en las víctimas, con apoyo psicológico y asesoría jurídica.
“Una sola denuncia es suficiente para que la institución inicie acciones”, subrayó.
En la reunión también participaron el secretario general de la UASLP, Federico Arturo Garza Herrera, la directora de la Facultad de Economía, María Isabel Graciela Vélez Dávila, y personal de la Defensoría.
Pese a la promesa de una respuesta en dos semanas, el estudiantado mantiene su exigencia de justicia y seguridad, acusando que la institución actúa con mayor rapidez ante faltas administrativas menores que frente a casos de violencia de género.
La protesta de este miércoles reaviva un reclamo constante en la UASLP: la falta de sanciones efectivas contra docentes acusados de acoso, una demanda que la comunidad universitaria insiste en saldar con hechos, no con plazos.
