San Luis Potosí, México. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta un escenario de incertidumbre presupuestal al no contar aún con los recursos federales correspondientes al ejercicio 2026, debido a que el convenio de financiamiento entre la Federación y el Gobierno del Estado no ha sido entregado para su firma. Esta omisión administrativa impide a la institución definir con claridad su planeación financiera para el próximo año.
La demora se presenta en un momento particularmente delicado para las universidades públicas del país, inmersas en procesos de negociación salarial con sus trabajadores. A nivel federal, los incrementos planteados no coinciden con las exigencias sindicales, lo que ha generado un desfase entre los compromisos laborales y los recursos presupuestales previstos. En el caso específico de la UASLP, las solicitudes rebasan de forma significativa los porcentajes considerados en el esquema preliminar federal.
“Hay un desfase importante, porque la gran mayoría de las universidades estamos en negociaciones salariales”, se ha señalado en el contexto de estas discusiones.
De manera paralela, autoridades educativas analizan un nuevo modelo de financiamiento que propone una redistribución progresiva de las aportaciones entre la Federación y los gobiernos estatales durante el periodo 2026–2030. No obstante, esta transición ha provocado tensiones, ya que implica que las entidades federativas asuman una mayor carga presupuestal, una meta que no todos los estados han logrado consolidar.
San Luis Potosí se ubica entre las entidades que aún no alcanzan el nivel de aportación requerido, a diferencia de otros estados que ya avanzaron en este ajuste. Esta situación coloca a la UASLP en una posición de mayor fragilidad financiera frente a los compromisos que debe atender.
“La universidad no participa directamente en la negociación entre la Federación y los estados, ya que su papel es únicamente el de beneficiaria de los acuerdos que se alcancen”, se ha precisado desde el ámbito institucional.
Mientras el convenio no sea formalizado y validado por ambas instancias gubernamentales, no existe una cifra oficial sobre los recursos que recibirá la universidad. Esta indefinición se suma al debate nacional sobre el financiamiento de la educación superior pública, en un contexto donde diversas instituciones advierten que el presupuesto federal resulta insuficiente para cubrir tanto los efectos de la inflación como las obligaciones salariales vigentes.
