El presidente Donald Trump inauguró el martes 1 de julio de 2025 un nuevo centro de detención para migrantes denominado “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, sobre la pista de un viejo aeropuerto al oeste de Miami. El complejo fue construido en apenas ocho días y tiene capacidad para recibir entre 3 000 y 5 000 personas, según distintas fuentes. Las instalaciones incluyen tiendas de campaña, trailers, cámaras de seguridad, alambre de púas y jueces migratorios “in situ” para acelerar los procesos de deportación.
Este centro buscó su ubicación remota y peligrosa para disuadir intentos de fuga, al estar rodeado de pantanos habitados por caimanes, serpientes y otras especies propias del ecosistema. Durante la inauguración, Trump hizo un comentario jocoso sobre enseñar a los migrantes a huir de caimanes en zigzag, “para aumentar sus posibilidades en un 1 %”.
El gobernador Ron DeSantis estuvo presente en el acto, respaldando el proyecto y apuntando a que Florida podría servir como modelo para otros estados. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también participó, y mencionó que la Guardia Nacional podría colaborar en funciones de jueces migratorios o seguridad.
La obra ha sido financiada en parte con fondos de FEMA, por un costo aproximado de 450 millones de dólares al año, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre el uso de recursos destinados normalmente a emergencias.
Organizaciones ambientalistas, líderes de las tribus Miccosukee y Seminole y activistas de derechos humanos han presentado demandas y protestas argumentando la falta de estudios ambientales, la amenaza al ecosistema frágil de los Everglades y la afectación a sitios sagrados.
Mientras tanto, más de 300 manifestantes se reunieron en las cercanías del centro durante la inauguración, denunciando la iniciativa como inhumana y ambientalmente destructiva . Al mismo tiempo, simpatizantes de Trump lo respaldaron, destacando su postura firme en materia migratoria.
El proyecto forma parte de la estrategia de Trump para reforzar la infraestructura migratoria y elevar la capacidad de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en todo el país, con un objetivo de arrestar hasta 3 000 personas diarias.
