La justicia federal de Argentina abrirá una investigación contra el presidente Javier Milei tras la caída de la criptomoneda $LIBRA, que él promocionó a través de sus redes sociales el pasado viernes. El colapso de la moneda digital, que afectó a más de 40,000 personas con pérdidas de más de 4 mil millones de dólares, ha desatado una ola de denuncias que involucran a Milei en asociación ilícita, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.
El Juzgado Federal 1, encabezado por la jueza María Servini, fue designado para centralizar las denuncias. En uno de los comunicados, el Observatorio de Derecho a la Ciudad afirmó que Milei participó en una estafa organizada en torno a $LIBRA, que en pocas horas experimentó una subida exponencial en su valor para luego desplomarse, dejando a miles de inversores en pérdidas.
Diputados de la oposición, como los de la coalición Unión por la Patria, han solicitado el juicio político contra Milei, mientras que otros sectores piden una comisión investigadora y la interpelación al mandatario en el Congreso. La denuncia también involucra a Julián Peh, CEO de Kip Network y KIP Protocol, empresas que ayudaron en la creación de la criptomoneda, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien compartió el mensaje de apoyo de Milei en redes sociales.
Según los denunciantes, la promoción de $LIBRA por parte de Milei no fue casual, ya que el precio de la criptomoneda aumentó rápidamente tras su tuit y, en pocas horas, el token colapsó. Los denunciantes sostienen que el presidente, al ser un economista experto en criptomonedas, sabía lo que estaba haciendo y que la acción fue un movimiento deliberado para beneficiar a ciertos grupos.
Además de la investigación judicial, los denunciantes piden el allanamiento de la residencia presidencial de Olivos y el secuestro de dispositivos electrónicos como computadoras y teléfonos móviles. También se solicita la intervención de la plataforma X para analizar el contenido de los tuits de Milei y otros involucrados, así como la trazabilidad de las transacciones para identificar a los posibles beneficiarios de la estafa.
La denuncia se suma a otras cientos de demandas impulsadas por canales digitales, lo que ha aumentado la presión sobre la administración de Milei.
