Las empresas de armas de fuego demandadas por el gobierno mexicano en Estados Unidos comenzaron a presentar este lunes los argumentos para su defensa.
Las compañías señalaron que la querella de México, realizada el 4 de agosto pasado, viola las leyes norteamericanas, que las muertes asociadas a las armas extranjeras no son rastreables y que las empresas no tienen la obligación legal de proteger al país de los delincuentes mexicanos.
La demanda fue presentada por México el 4 de agosto pasado en una Corte Federal en Bostón, Estados Unidos.
Al respecto, Alejandro Celorio, asesor jurídico de la Cancillería mexicana, dijo que los argumentos de las empresas ya los tenían previstos.
“Nada que la Cancillería no viera venir ya ni nada que sea insuperable, producto de una demanda muy bien planteada. Empieza ya la batalla real”, escribió en su cuenta de Twitter.
El funcionario mexicano explicó que dichos argumentos por parte de las 11 empresas buscan detener el litigio en su contra, y adelantó que el gobierno mexicano hará lo propio.
“Recibiremos las respuestas y defensas legales esperadas. El equipo legal de la SRE las analiza e informará elementos a destacar. El Gobierno de México tiene hasta 31 de enero de 2022 para responder a estas defensas”, concluyó.
En la lista, las armerías de Estados Unidos sostienen primero que México carece de legitimación del artículo III de los Estados Unidos, en el que se detalla que para legitimar la demanda se debe demostrar que las lesiones del demandante son rastreables, desde la compra del arma hasta la conducta supuestamente ilegal de los acusados.
La Secretaría de Relaciones Exteriores puntualizó en una nota informativa que:
Como previsto, las demandadas presentaron defensas para tratar de frenar el litigio.
• La SRE, en coordinación con otras dependencias federales, prepara los argumentos y la evidencia para responder ante la Corte a las defensas de las compañías demandadas.
• El Gobierno de México presentará su réplica el 31 de enero de 2022 y, posteriormente, las empresas entregarán una contrarréplica a la Corte el 28 de febrero de ese mismo año.
• Tales señalamientos se atenderán de manera precisa en el escrito de réplica y ante la corte. De ninguna manera se litigará este caso en los medios de comunicación.
“La denuncia admite hechos que confirman que los supuestos daños de México no son bastante rastreables a las acciones de los acusados”, señala el texto que fue compartido por Celorio.
Otro de los argumentos para su defensa, son presuntas violaciones a la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) la cual aseguran “prohíbe todos los reclamos de México”.
“El Congreso promulgó la PLCAA para prohibir exactamente este tipo de demanda. Esta Demanda es una “Acción de Responsabilidad Civil Calificada” bajo PLCAA. No se aplica ninguna excepción de PLCAA a ninguna de las Reclamaciones de México”, se advierte en el documento.
En dicha ley, reconocen, existe la “excepción de predicado” que admite a demanda temas específicos de armas de fuego, sin embargo, aseguran que esta “no aplica”.
“México no ha alegado plausiblemente una violación de armas de fuego, la excepción de predicado no permite reclamos basados en estatutos de protección al consumidor de aplicación general. Tampoco aplica la excepción “Defecto de diseño” ni aplica la excepción de “negligencia per se”. La PLCAA se aplica a las reclamaciones de gobiernos extranjeros, este caso involucra una aplicación doméstica de la PLCAA”.
En los argumentos de su defensa, las 11 empresas demandadas advierten que México no alega hechos que demuestren que las prácticas comerciales de los acusados son la “causa próxima” de las lesiones infligidas por los carteles de la droga mexicanos.
“La cadena de causalidad está demasiado atenuada. Los actos delictivos intencionales que intervienen rompen la cadena de causalidad.
Los supuestos daños del gobierno mexicano se derivan de otras víctimas. Prorratear los daños y la responsabilidad sería inviable”, explican como parte de la tesis.
Finalmente, aseveran que las empresas de armas de fuego “no tienen la obligación legal de proteger al gobierno mexicano de los delincuentes mexicanos que abusan de las armas de fuego en México”, y que fabricar y vender armas de fuego no es una “molestia pública”: “México no puede utilizar la ley mexicana para regular las empresas de armas de fuego de Estados Unidos”.
