Colombia vivió una jornada violenta el jueves 21 de agosto de 2025, con dos ataques atribuidos a disidentes de la antigua guerrilla de las FARC que dejaron al menos 18 personas muertas y más de 70 heridas. El primer ataque tuvo lugar en Cali, donde un camión bomba explotó cerca de una base aérea militar, causando la muerte de seis civiles y dejando más de 60 heridos. Las imágenes de este atentado mostraron vehículos en llamas, viviendas dañadas y personas huyendo en medio del caos.
Horas antes, un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, durante una operación de erradicación de cultivos ilícitos. El ataque con drones y fusiles dejó un saldo de 12 policías fallecidos, incrementando la gravedad del enfrentamiento armado.
El gobierno colombiano responsabilizó principalmente a la disidencia conocida como Estado Mayor Central, bajo el mando del alias Iván Mordisco, por el atentado en Cali. Estas facciones rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016, y continúan realizando actos violentos en distintas regiones del país.
En respuesta a los ataques, la alcaldía de Cali decretó la militarización de la ciudad para garantizar la seguridad y permitir la atención a las víctimas. El presidente Gustavo Petro condenó los actos terroristas y ordenó acciones para capturar a los responsables.
Esta escalada de violencia ocurre en un contexto de alta tensión política y social en Colombia, a pocos meses de las elecciones presidenciales, y refleja la compleja situación de seguridad que enfrenta el país tras años de conflicto interno.
En resumen, los violentos ataques coordinados en Cali y Antioquia dejan una profunda herida en Colombia, evidenciando la persistencia de la violencia armada y la necesidad urgente de medidas para restaurar la paz y proteger a la población civil.
